Los bienes inmuebles constituyen casi siempre el activo de mayor valor que posee un matrimonio y, cuando la relación se rompe, representan también el foco de los litigios más enconados. Los clientes extranjeros suelen plantear sistemáticamente las mismas dudas: el piso está inscrito únicamente a nombre de mi cónyuge, ¿importa eso? La casa se adquirió con fondos enviados por mis padres desde el extranjero, ¿sigue siendo «nuestra»? Nos separamos hace tres años pero nunca dividimos nada, ¿es demasiado tarde?
El derecho de familia bielorruso ofrece respuestas claras a todas estas preguntas, aunque sus normas no siempre coinciden con lo que se da por supuesto según el ordenamiento jurídico del país de origen. Este artículo explica el régimen aplicable a los pisos y las casas en caso de divorcio en Bielorrusia, conforme al Código de Familia y Matrimonio de la República de Bielorrusia, y cómo se aplica en la práctica.
De conformidad con el artículo 23 del Código, se presume que todo lo adquirido por los cónyuges durante el matrimonio es propiedad común, con independencia de a nombre de quién esté inscrito el bien, de quién lo haya pagado o de quién haya firmado el contrato. Ambos cónyuges tienen los mismos derechos de propiedad, uso y disposición. Esta presunción también se aplica si uno de ellos se quedó en casa, crió a los hijos o carecía de ingresos propios: el trabajo doméstico no remunerado se considera una contribución equivalente.
En el caso de un piso o una casa, esto significa lo siguiente: si el inmueble se adquirió durante el matrimonio —con ahorros, mediante una hipoteca bancaria o con el dinero obtenido de la venta de una vivienda anterior—, es un bien común. No importa que el certificado de inscripción estatal indique solo al marido como propietario o que solo la mujer firmara la hipoteca. En caso de divorcio, ambos cónyuges tienen derechos sobre el inmueble.
El artículo 26 excluye tres categorías de bienes que permanecen en el patrimonio de un único cónyuge:
En el caso de las viviendas, las consecuencias prácticas son importantes. Un piso que uno de los cónyuges poseía antes de casarse no se divide. Tampoco se divide una casa de campo heredada por uno de ellos de un progenitor fallecido. Y conviene aclarar un punto que suele malinterpretarse: una escritura de donación de los padres a favor de uno solo de los cónyuges —algo muy habitual en las familias bielorrusas— mantiene el inmueble fuera del patrimonio común, siempre que la donación se formalice y se inscriba debidamente.
Existe una excepción destacada en el párrafo tercero del artículo 26. Si durante el matrimonio se invirtieron fondos comunes —o capital privativo del otro cónyuge— en bienes anteriores al matrimonio o adquiridos por donación, y dichas inversiones incrementaron sustancialmente su valor (reparaciones de entidad, obras de reconstrucción, ampliaciones y actuaciones análogas), el tribunal podrá reconocer el inmueble como propiedad común ganancial.
Este supuesto se observa con mayor frecuencia en viviendas heredadas por un cónyuge en estado ruinoso y rehabilitadas durante el matrimonio: cubierta nueva, ampliación, acometidas de suministros. Si el matrimonio invirtió fondos gananciales de importancia, la mera condición de «heredado» no protegerá el activo frente a la división. El otro cónyuge deberá acreditar la magnitud de la obra y el origen de los fondos, pero la vía queda expedita.
La división no tiene por qué acabar en los tribunales. El artículo 24 permite a los cónyuges (o excónyuges) firmar un Acuerdo de división de los bienes comunes por escrito, que debe formalizarse ante notario. Puede suscribirse durante el matrimonio, al divorciarse o años después. El acuerdo permite a la pareja decidir cómo repartir los bienes: pueden dividir el piso en un 60 % y un 40 %, adjudicar la casa entera a una parte a cambio de una compensación económica o acordar que una se quede con el piso de la ciudad y la otra con la casa de campo.
Si no es posible llegar a un acuerdo, el tribunal divide los bienes, ya sea en el propio procedimiento de divorcio, conforme al artículo 41, o mediante una demanda independiente presentada más adelante. El tribunal tasará los bienes, adjudicará bienes concretos a cada cónyuge y fijará una compensación económica cuando una de las partes reciba más de lo que le corresponde. Si la división afecta a los derechos de terceros —por ejemplo, de un cotitular o de un banco que tiene una hipoteca sobre el inmueble—, la reclamación sobre los bienes se separa del divorcio y se tramita en un procedimiento independiente.
Si desea articular las normas bielorrusas en un documento con anterioridad a que surjan conflictos, un contrato matrimonial debidamente redactado puede redefinir el régimen patrimonial íntegro, incluida la titularidad de la vivienda familiar.
El artículo 24 establece la segunda presunción clave: en la división, las cuotas de los cónyuges se consideran iguales. El reparto 50/50 es la regla general, y se aplica al apartamento o a la casa al igual que a las cuentas bancarias y a los vehículos.
El tribunal puede apartarse del reparto igualitario en dos supuestos. Primero, en interés de los hijos menores o de los hijos adultos con discapacidad que vivan con uno de sus progenitores: en estos casos, a menudo se adjudica la vivienda familiar (o una parte mayor de ella) al progenitor con quien vivan los hijos. Segundo, cuando existan «circunstancias que deban tenerse en cuenta» respecto de uno de los cónyuges. En la práctica, los tribunales bielorrusos han aumentado la cuota de un cónyuge si el otro evitó trabajar sin causa justificada o gastó fondos comunes en contra de los intereses de la familia, por ejemplo, en juegos de azar, alcohol o una relación extramatrimonial. Estas excepciones son poco frecuentes y deben probarse documentalmente.
El artículo 41 añade otro matiz que los clientes no residentes suelen pasar por alto: si los cónyuges dejaron de vivir juntos y de llevar una vida familiar en común mucho antes del divorcio formal, solo se dividen los bienes adquiridos hasta ese momento. Todo lo que cualquiera de ellos comprara después de la separación efectiva le pertenece en exclusiva. Esta regla puede ser importante si uno de los cónyuges siguió trabajando y adquiriendo bienes durante una larga separación de hecho. Nuestra guía sobre el divorcio con un ciudadano bielorruso explica cómo se aplica esta regla en el procedimiento.
Las viviendas suelen llevar aparejada una hipoteca, la concurrencia de cotitulares o ambas circunstancias, y los tribunales bielorrusos abordan estos supuestos con rigor.
Si la hipoteca se contrató en interés de la familia, ambos cónyuges responden solidariamente de la deuda, que se tiene en cuenta al dividir los bienes: puede repartirse entre ellos en proporción a sus cuotas sobre el inmueble o descontarse de las compensaciones económicas. Se informa a los bancos y, en la práctica, a menudo exigirán refinanciar o formalizar de nuevo el préstamo a nombre del cónyuge que se quede con el piso.
Si la vivienda pertenece en copropiedad a uno de los cónyuges y a un tercero —un progenitor, un hermano o un socio comercial—, el artículo 41 separa los procedimientos: el divorcio sigue su curso habitual, pero la reclamación sobre el inmueble se tramita aparte para proteger debidamente los derechos del tercero. Por otra parte, los tribunales suelen anular las transmisiones de la vivienda a un familiar poco antes del divorcio si consideran que se hicieron de mala fe.
Uno de los escollos procesales más severos se encuentra en el último párrafo del artículo 24. A las acciones de división patrimonial entre ex cónyuges les resulta aplicable un plazo de prescripción de tres años, cuyo cómputo no se inicia en la fecha del divorcio, sino desde el momento en que la persona conoció o debió conocer la vulneración de su derecho.
La consecuencia práctica es la siguiente: si, tras el divorcio, los excónyuges siguen usando el piso como antes —uno vive allí, el otro lo visita y ambos pagan los gastos—, el plazo aún no ha empezado a correr. Por lo general, empieza cuando uno intenta vender o hipotecar el piso, o impedir al otro el acceso. Una vez iniciado, tres años pasan rápido, y quien espera demasiado puede perder por completo su derecho a reclamar. Si se divorció hace años y nunca formalizó la división de la vivienda, conviene evaluar cuidadosamente la situación antes de presentar una demanda.
En el caso de los extranjeros —ya estén casados con un ciudadano bielorruso o con otro extranjero que tenga bienes en Bielorrusia—, el mismo Código se aplica a los inmuebles situados en el país, pero las cuestiones de competencia judicial y reconocimiento cobran especial importancia. Un divorcio dictado en el extranjero no resuelve automáticamente la división de los bienes en Bielorrusia: para modificar el registro estatal o forzar una venta, a menudo se necesita una resolución judicial bielorrusa o un acuerdo formalizado ante notario. Si ya vive fuera de Bielorrusia, nuestra guía sobre cómo tramitar el divorcio en Bielorrusia desde el extranjero explica los aspectos procesales.
No. Conforme al artículo 23, los bienes adquiridos constante el matrimonio tienen la condición de comunes con independencia de su inscripción. El registro estatal refleja al titular jurídico, no al propietario real a efectos de derecho de familia.
Sí. Los cónyuges pueden suscribir un Acuerdo de División de la Propiedad Común Ganancial autorizado ante notario en cualquier momento: durante el matrimonio, en el divorcio o con posterioridad. La intervención de notario bielorruso es requisito de validez.
No de forma automática. La donación de dinero se integra en los fondos comunes desde su recepción, salvo que el documento de donación se hubiera otorgado expresamente a favor de un solo cónyuge a título individual. La donación del inmueble en sí —debidamente documentada— permanece como patrimonio privativo de dicho cónyuge.
Es posible. Si se emplearon fondos comunes en mejoras que incrementaron sustancialmente su valor (reparaciones de entidad, reconstrucción, ampliación), el tribunal podrá reconocer el bien como ganancial. Los tiques contemporáneos, contratos y extractos bancarios constituyen prueba decisiva.
Tres años desde el momento en que supo o debió saber que se habían vulnerado sus derechos, no desde la fecha del divorcio. Conviene actuar con prontitud: el plazo es estricto.
Sí, en supuestos restringidos; con mayor frecuencia cuando conviven con usted hijos menores, o si su cónyuge dilapidó fondos comunes o se negó sin causa a trabajar. La desviación debe ser probada.
La división de bienes en caso de divorcio en Bielorrusia es más previsible de lo que muchos temen, pero los detalles son decisivos. Las reglas generales —bienes comunes para todo lo adquirido durante el matrimonio, cuotas iguales al dividirlos y protección de los bienes privativos y heredados— son claras, aunque cada una tiene excepciones que pueden cambiar el resultado en decenas de miles de dólares. Las reformas de una vivienda «privativa», una donación no documentada, una larga separación de hecho o dejar pasar el plazo de tres años pueden convertir un caso sencillo en uno complejo.
Para los extranjeros, en particular, la relación entre los inmuebles en Bielorrusia, los divorcios celebrados en el extranjero y la ejecución transfronteriza añade una dificultad que resulta complicado afrontar sin asesoramiento local. Si se plantea divorciarse, defenderse de una reclamación sobre bienes o proteger un activo antes de que surjan problemas, solicite asesoramiento cuanto antes, mientras el caso aún sea sencillo. El equipo de AMBY Legal se ocupa de asuntos de derecho de familia en Bielorrusia para clientes internacionales, en inglés, y puede analizar su situación y explicar opciones realistas en una primera consulta.
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