Como regla general, los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio tienen carácter común o ganancial. En caso de ruptura conyugal, el destino del patrimonio tras el divorcio constituye una de las cuestiones más delicadas entre los cónyuges. Un cliente acudió a nuestro despacho solicitando asistencia letrada para resolver una controversia patrimonial con su esposa. Al abordar los objetivos del cliente, recopilamos la relación de todos los bienes objeto de liquidación y gestionamos su valoración pericial: inmuebles, valores bursátiles, vehículos de motor, elementos de mobiliario de alto valor y participaciones en diversas sociedades mercantiles. Al diseñar la estrategia jurídica, señalamos al cliente una serie de diferencias sustanciales entre la legislación bielorrusa y el ordenamiento de su país de nacionalidad.
3 años
plazo de prescripción para la división de bienes, a contar desde que el cónyuge conoció la infracción
5%
tasa judicial sobre la cuantía reclamada en el juzgado
2 vías
liquidación judicial combinada con capitulaciones matrimoniales
Sección 01
Divorcio y liquidación de bienes comunes: ¿existe vinculación?
En diversos ordenamientos, como Francia, Italia o el Reino Unido, el divorcio resulta indisociable de la liquidación del régimen económico, la pensión compensatoria y la pensión alimenticia de los hijos. Bielorrusia adopta un criterio distinto: desde el punto de vista jurídico, la disolución del matrimonio y la liquidación patrimonial (por ejemplo, de una vivienda adquirida en constante matrimonio) constituyen dos procedimientos autónomos e independientes, incluso en sede judicial. El tribunal puede declarar la disolución del vínculo matrimonial a instancia de uno de los cónyuges sin pronunciarse en absoluto sobre el reparto de bienes, especialmente si ninguna de las partes formula dicha pretensión. El litigio sobre división de bienes puede sustanciarse con posterioridad al divorcio.
Nuestra actuación
Partiendo de esta premisa, interpusimos la demanda de divorcio y, en paralelo, presentamos una demanda independiente para la liquidación y división de los bienes gananciales.
El juzgado admitió a trámite la solicitud de divorcio y concedió a los cónyuges un plazo para la reconciliación con el fin de valorar el mantenimiento de la unidad familiar, tal como exige el derecho de familia. Este período legal de reflexión es de tres meses a partir de la incoación del procedimiento.
La demanda de división del patrimonio común se sustanció por separado. La primera audiencia se celebró pocas semanas después de su presentación. Para cuando se decretó la disolución formal del matrimonio, el órgano judicial ya había dirimido la mayor parte de las cuestiones patrimoniales controvertidas.
Sección 02
Plazo de prescripción de la acción de división de bienes comunes
El cliente temía la caducidad o prescripción de la acción para reclamar la división de los bienes conyugales, asumiendo que los cónyuges disponen de un margen muy limitado tras el divorcio. Dado que ya mediaba separación de hecho antes de la interposición de la demanda, el cliente deseaba liquidar el patrimonio a la mayor brevedad.
Dato clave
En la jurisprudencia bielorrusa, el cómputo del plazo para reclamar la liquidación de bienes comunes no se vincula al cese de la convivencia conyugal ni a la fecha de la sentencia de divorcio: la acción puede ejercitarse mucho después. El plazo de prescripción de tres años no corre desde la disolución del matrimonio, sino desde el momento exacto en que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la vulneración de su derecho dominical sobre el bien común. Un ejemplo práctico: cinco años después del divorcio, el exmarido enajena un vehículo adquirido durante el matrimonio; la exmujer dispondrá de tres años desde que descubra la venta para reclamar judicialmente la mitad del valor del automóvil.
Sección 03
Liquidación judicial de bienes: ¿existen alternativas?
Información de interés
La vía más eficaz para el reparto de bienes es el acuerdo extrajudicial. Si el vínculo matrimonial sigue vigente, los cónyuges pueden otorgar capitulaciones matrimoniales ante notario; si el matrimonio ya está disuelto, pueden formalizar un convenio notarial de liquidación y adjudicación de bienes. Ambos instrumentos públicos gozan de la misma eficacia ejecutiva que una sentencia judicial firme.
La liquidación judicial del régimen conyugal conlleva desembolsos significativos. En primer término, si existen inmuebles litigiosos, el demandante debe aportar un informe pericial de tasación de la vivienda, casa de campo o finca registral. Este dictamen resulta preceptivo para cuantificar el valor del pleito y liquidar la tasa judicial obligatoria con carácter previo a la incoación del proceso.
Importante
La tasa judicial asciende al 5 % del valor de la pretensión reclamada por el cónyuge (por ejemplo, la mitad del valor de tasación del inmueble).
Asimismo, el asunto de nuestro cliente requirió determinar el valor venal de los bienes indivisibles. Por ejemplo, al tratarse de un vehículo adquirido en constante matrimonio, el juez determinará a qué cónyuge se adjudica el vehículo y fijará una compensación económica a favor del otro cónyuge equivalente a la mitad de su valor de mercado.
Sección 04
Liquidación patrimonial: resultado de la controversia
El resultado
Gracias a la estrategia integral acordada con el cliente, parte del patrimonio fue liquidado en sede judicial y, respecto de otros activos, se formalizaron capitulaciones matrimoniales cuya plena eficacia jurídica fue convalidada posteriormente en el país de nacionalidad del cliente. De especial interés práctico resultó el litigio sobre la división de participaciones sociales en empresas constituidas durante el matrimonio.