Demandar a una contraparte bielorrusa: tasas judiciales, costes y gastos recuperables

Un demandante extranjero tiene una factura bielorrusa impagada: 250.000 € por mercancías entregadas hace seis meses. Ha enviado dos reclamaciones previas y no ha recibido respuesta a ninguna. El contrato establece que se aplica la legislación bielorrusa y atribuye la competencia al Tribunal Económico de Minsk. El equipo comercial está preparado para proceder, pero el equipo financiero tiene preguntas que el comercial no puede responder.

¿Cuánto cuesta presentar la demanda? ¿Cuál será el coste total del proceso, incluidos la tasa estatal, los honorarios de abogados y peritos, la traducción y los demás gastos? ¿Qué podrá recuperarse si se estima la demanda? Y, la pregunta más importante en 2026, ¿es realista esperar el cobro, dadas las sanciones y las dificultades prácticas de ejecutar una resolución contra un demandado bielorruso?

Son las preguntas que conviene plantearse antes de iniciar el procedimiento. Las respuestas determinan si merece la pena reclamar y, en caso afirmativo, si conviene hacerlo en Bielorrusia, mediante arbitraje o ante un tribunal extranjero, para solicitar después el reconocimiento de la resolución en Bielorrusia. A continuación se ofrece una perspectiva práctica sobre las tasas, los gastos recuperables y las posibilidades reales de ejecución que deben tenerse en cuenta al decidir si se va a demandar a una contraparte bielorrusa. Las cifras reflejan los importes aplicables en 2026 y deben comprobarse con arreglo a las disposiciones del Código Tributario vigentes en la fecha de presentación de la demanda.

El sistema de tribunales económicos para litigios comerciales en Bielorrusia

Los litigios comerciales entre personas jurídicas son competencia de los tribunales económicos: las salas de asuntos económicos de los tribunales regionales y el Tribunal Económico de la Ciudad de Minsk. Las resoluciones pueden recurrirse ante la sala judicial de asuntos económicos del Tribunal Supremo de la República de Bielorrusia. Los tribunales económicos son el foro habitual para litigios entre empresas: facturas impagadas, incumplimientos contractuales, controversias sobre suministros y obras, y la mayoría de las reclamaciones comerciales de cobro. Los litigios con consumidores, los asuntos laborales y otras reclamaciones no comerciales corresponden a los tribunales ordinarios y siguen un procedimiento distinto.

Este artículo se centra en el procedimiento ante los tribunales económicos, que es el que suelen encontrar las empresas extranjeras con contrapartes bielorrusas. Los tribunales ordinarios solo se mencionan cuando la diferencia tiene consecuencias prácticas para los reclamantes extranjeros, especialmente en el régimen de indexación, que varía considerablemente entre ambos sistemas.

La principal alternativa es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia (IAC de la BelCCI), una institución con amplia trayectoria que administra arbitrajes comerciales nacionales e internacionales con sede en Minsk. La IAC es un foro adecuado para litigios comerciales transfronterizos; sus laudos pueden ejecutarse internacionalmente conforme al Convenio de Nueva York de 1958. Se elige con frecuencia cuando el contrato incluye una cláusula de arbitraje ante la IAC.

La competencia territorial del tribunal económico bielorruso respecto de un demandado bielorruso se determina conforme a las reglas generales: por defecto, es competente el tribunal del lugar de registro del demandado. Los reclamantes extranjeros pueden presentar demandas ante el tribunal económico bielorruso si cumplen los requisitos procesales: haber presentado la reclamación previa obligatoria y haber dejado transcurrir el plazo de respuesta; presentar la demanda y los documentos justificativos en ruso; apostillar o legalizar los documentos expedidos en el extranjero; pagar la tasa estatal; y contar con la representación de un abogado bielorruso habilitado. Las empresas extranjeras no pueden comparecer por sí mismas en los procedimientos ante los tribunales económicos.

Tasa estatal: cómo se calculan las tasas judiciales

La tasa estatal es la principal tasa judicial que se paga al presentar una demanda. Está regulada por el Código Tributario de la República de Bielorrusia y se calcula tomando como referencia la unidad base, cuyo valor fija periódicamente el Consejo de Ministros. La unidad base se actualiza; su valor vigente debe comprobarse en el Portal Nacional de Internet Jurídico de la República de Bielorrusia en la fecha de presentación.

En las demandas de contenido económico —categoría que comprende la mayoría de las reclamaciones comerciales de cobro—, la tasa estatal se calcula como un porcentaje de la cuantía reclamada, conforme a una escala progresiva. El porcentaje disminuye a medida que aumenta la cuantía. En términos generales:

• Demandas de hasta 1.000 unidades base: 5 % de la cuantía reclamada, con un mínimo expresado en unidades base.
• Demandas de entre 1.000 y 10.000 unidades base: 5 % sobre las primeras 1.000 unidades base, más 3 % sobre el excedente.
• Demandas superiores a 10.000 unidades base: 1 % de la cuantía reclamada, con un mínimo calculado conforme al tramo anterior.

Un ejemplo permite concretar la estructura. Un proveedor extranjero con una factura impagada de 250.000 € —aproximadamente 880.000 BYN al tipo de cambio actual— tendría una cuantía equivalente a unas 21.000 unidades base, si cada unidad vale aproximadamente 42 BYN. Se aplicaría una tasa del 1 % de la cuantía reclamada, es decir, unos 8.800 BYN (aproximadamente 2.500 €). Para una reclamación de 50.000 € —unas 4.200 unidades base— se aplicaría el tramo intermedio: 5 % sobre las primeras 1.000 unidades base y 3 % sobre el excedente, lo que daría una tasa de unos 6.150 BYN (aproximadamente 1.750 €). Por tanto, la tasa estatal representa un porcentaje menor cuanto mayor es la cuantía reclamada.

En las demandas sin contenido económico —por ejemplo, las que solicitan una declaración judicial, impugnan acuerdos societarios o exigen el cumplimiento de una obligación que no puede cuantificarse en dinero—, la tasa estatal se fija en un número determinado de unidades base, normalmente entre 10 y 50, según la categoría. Estas tasas son modestas en comparación con el coste total del litigio y rara vez determinan el gasto principal.

También se aplican tasas a determinados trámites procesales. Los recursos ante la sala de apelación del Tribunal Supremo están sujetos a una tasa estatal equivalente al 50 % de la tasa de primera instancia. Las reconvenciones se consideran demandas principales y la tasa estatal se calcula sobre su cuantía. Si se modifica la demanda para aumentar la cuantía reclamada, deberá pagarse una tasa estatal adicional por el incremento.

Nota importante: La estructura de la tasa estatal prevista en el Código Tributario se modifica periódicamente y el valor de la unidad base se actualiza a intervalos. Los reclamantes extranjeros no deben confiar en cifras orientativas publicadas en internet: el importe exacto debe comprobarse conforme a las disposiciones del Código Tributario vigentes en la fecha de presentación de la demanda.

Otros gastos al presentar la demanda

Además de la tasa estatal, los reclamantes extranjeros suelen incurrir en otras cuatro categorías de gastos al presentar la demanda. Ninguna supone por sí sola un importe significativo frente a la tasa estatal de una reclamación de cuantía elevada, pero los gastos se acumulan y deben preverse con suficiente antelación.

Elevación a público de documentos expedidos en el extranjero. Los poderes, los documentos que acreditan las facultades societarias y cualquier otro documento justificativo expedido en el extranjero deben notarizarse en el país de origen antes de poder utilizarse en un procedimiento en Bielorrusia. Los costes notariales varían según la jurisdicción. El trámite es rutinario, pero requiere planificación, especialmente si deben firmar varias personas.

Apostilla o legalización consular. Bielorrusia es parte del Convenio de La Haya sobre la Apostilla, de 5 de octubre de 1961. Para los documentos expedidos en otro Estado contratante basta con la apostilla. Los documentos expedidos en un Estado no contratante requieren legalización consular, un trámite más lento y complejo. Ayudamos a los reclamantes extranjeros con servicios de apostilla cuando la parte bielorrusa exige apostillar documentos que se utilizarán en el extranjero.

Traducción jurada al ruso. Todos los documentos que no estén redactados en ruso deben ir acompañados de una traducción jurada a ese idioma. Los tribunales económicos aceptan traducciones realizadas por traductores jurados bielorrusos. El coste depende del volumen y la complejidad de la documentación. Para una reclamación comercial típica con un conjunto de contratos y correspondencia comercial, la traducción notarial suele costar entre 500 € y 2.500 €, según los documentos.

Poder para el abogado bielorruso. El reclamante extranjero debe otorgar un poder a su abogado bielorruso para que lo represente en el procedimiento. El poder debe notarizarse y apostillarse (o legalizarse) en el país donde se expida. Para clientes extranjeros establecidos fuera de Bielorrusia, gestionamos todo el proceso documental: desde la preparación del modelo para Bielorrusia hasta la confirmación de su aceptación por el notario local.

Los reclamantes extranjeros que subestiman el tiempo necesario para preparar la documentación suelen descubrir que su primera presentación es rechazada por motivos técnicos, normalmente porque faltan traducciones o apostillas, están incompletas o se han tramitado incorrectamente. El rechazo puede subsanarse mediante un trámite procesal, pero hace perder semanas. Como medida prudente, conviene prever entre tres y cuatro semanas para preparar la documentación dentro del calendario del litigio.

Costes durante el procedimiento

Una vez presentada la demanda, los costes se acumulan en otras cuatro categorías.

Representación letrada. En los litigios comerciales, los abogados bielorrusos suelen cobrar por horas o mediante una tarifa fija. La elección suele depender de si el cliente prioriza la previsibilidad de los costes o la flexibilidad para ampliar el alcance del encargo a medida que avanza el asunto. Los honorarios por hora de los abogados especializados en litigios comerciales suelen oscilar entre 100 € y 250 €. El extremo superior corresponde a socios sénior de despachos que trabajan habitualmente en asuntos transfronterizos. En un procedimiento típico de primera instancia ante un tribunal económico que se defiende activamente, los honorarios totales suelen oscilar entre 5.000 € en los asuntos más sencillos y 25.000 € si hay abundante prueba documental, intervención de peritos o varias vistas controvertidas. En Bielorrusia se permiten los pactos de cuota litis, con sujeción a los límites establecidos en las normas de la abogacía.

Prueba pericial. Si el tribunal designa un perito —por ejemplo, para evaluar la calidad de las mercancías entregadas, cuantificar los daños o interpretar términos técnicos del contrato—, la parte que solicita la pericia paga sus honorarios por adelantado. Si la designación la decide el tribunal, los honorarios se distribuyen entre las partes. El coste varía mucho según la materia: en asuntos comerciales habituales oscila entre 500 € y 5.000 €. En litigios técnicamente complejos (construcción, tecnologías de la información o equipos industriales especializados), puede ser considerablemente mayor.

Gastos de los testigos. Los testigos tienen derecho al reembolso de los gastos de viaje y alojamiento en que incurran para asistir a las vistas. En el caso de testigos extranjeros, estos gastos pueden ser considerables y conviene preverlos desde el inicio del procedimiento.

Interpretación y traducción durante el procedimiento. Si durante el procedimiento se aportan documentos en un idioma extranjero o declara un testigo que no habla ruso, se requiere interpretación y traducción juradas. El coste inicial corre a cargo de la parte que aporta el material.

Qué gastos pueden reclamarse a la parte perdedora

El reclamante que gana el litigio tiene derecho a recuperar sus gastos procesales de la parte vencida, con arreglo al marco establecido por el Código de Procedimiento Judicial Civil. Las categorías recuperables son las siguientes.

Tasa estatal. Si la demanda se estima íntegramente, la tasa estatal se recupera por completo de la parte vencida. Si se estima parcialmente, se prorratea en función de la cuantía reconocida. Su reembolso es automático: si se estima la demanda, la tasa se recupera en las mismas condiciones que el principal.

Honorarios de peritos, gastos de testigos y traducciones necesarias para el procedimiento. Estos gastos pueden recuperarse con arreglo a los mismos criterios que la tasa estatal, siempre que se acrediten documentalmente y sean razonables.

Honorarios de representación letrada. En principio, pueden recuperarse, pero el tribunal revisa si son razonables. El tribunal puede reducir el importe cuando considera que los honorarios son desproporcionados respecto de la complejidad del asunto o del mercado local, y ejerce esa facultad. Esta es la categoría en la que observamos la mayor diferencia entre lo que permite la ley y lo que realmente recuperan los reclamantes extranjeros. Si los representa un despacho internacional o un despacho bielorruso que cobra honorarios en el tramo alto del mercado local, la proporción recuperada suele ser inferior a la que permite formalmente el marco legal. Según nuestra experiencia, se recupera en la práctica entre el 50 % y el 80 % de los honorarios. Para acercarse al límite superior, la solicitud de tasación de costas debe incluir registros detallados del tiempo dedicado, una relación clara entre cada trabajo y un trámite concreto, y tarifas que se ajusten al mercado bielorruso.

Gastos no recuperables. Los gastos anteriores al litigio —incluidos la redacción de la reclamación previa y las investigaciones anteriores a la presentación de la demanda—, el tiempo dedicado a la gestión interna y los costes de oportunidad no se recuperan de la parte vencida. Los reclamantes extranjeros que incluyen estos conceptos en sus presupuestos iniciales suelen calcular mal el coste neto del litigio.

El marco favorece una documentación rigurosa de los gastos. Los registros detallados del tiempo dedicado, las facturas que cumplen los requisitos de IVA y contabilidad, y una relación clara entre el trabajo realizado y los trámites del litigio son la base de una solicitud de tasación de costas bien fundamentada. El tribunal suele reducir las solicitudes presentadas como cantidades globales sin desglose, con independencia de que los gastos subyacentes estén justificados.

Nota importante: Que un gasto sea recuperable no significa que vaya a cobrarse efectivamente. Una condena en costas solo vale lo que permita ejecutar el mecanismo correspondiente. Si la parte vencida es insolvente, ha desviado sus activos o se encuentra en un procedimiento concursal, la condena en costas puede quedarse en una victoria meramente formal. El cobro depende de la solvencia del demandado, no de la resolución del tribunal.

Ejecución y cobro efectivo: ¿qué se consigue realmente al ganar?

Una sentencia favorable al reclamante es el primer paso, no el final. Debe ejecutarse, normalmente a través del servicio de agentes judiciales dependiente del Ministerio de Justicia, que embarga las cuentas bancarias del deudor y otros bienes identificables en Bielorrusia.

Según nuestra experiencia, la ejecución contra una contraparte bielorrusa solvente con bienes identificables suele ser sencilla y rápida. El agente judicial puede embargar las cuentas bancarias y transferir los fondos al reclamante en las semanas siguientes a la solicitud de ejecución. También pueden embargarse inmuebles, vehículos y créditos identificables, aunque su ejecución tarda considerablemente más que la de los fondos disponibles en efectivo.

La situación cambia si la contraparte ha desviado sus activos, ha transferido sus operaciones a entidades vinculadas o ha iniciado un procedimiento concursal antes de que se dicte sentencia. En estos casos, el reclamante debe aceptar que quizá solo recupere una parte de la deuda o nada, o invertir más en localizar activos y ejecutar la resolución, con los costes y la incertidumbre que ello implica. El Código de Procedimiento Judicial Civil permite solicitar medidas cautelares y embargos preventivos antes de la sentencia. Si los hechos justifican la solicitud, son la protección más eficaz frente a la disposición de activos.

Si un reclamante extranjero tiene una sentencia de un tribunal de fuera de Bielorrusia, deberá realizar un trámite procesal adicional. El reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en Bielorrusia dependen de que exista un tratado internacional aplicable entre Bielorrusia y el país cuyo tribunal dictó la sentencia. En la CEI, el Acuerdo de Kiev de 1992 (para litigios económicos) y la Convención de Minsk de 1993 (para asuntos civiles y de familia) establecen un marco aplicable. Bielorrusia tiene tratados bilaterales de asistencia jurídica con un número limitado de otros Estados. Si no se aplica ningún tratado, por lo general no se reconoce la sentencia ni puede ejecutarse directamente en Bielorrusia.

La existencia de estos tratados es uno de los argumentos prácticos más sólidos a favor de litigar en Bielorrusia cuando los activos de la contraparte se encuentran allí. Una sentencia de un tribunal económico bielorruso puede ejecutarse directamente en el país. En cambio, la ejecución de una sentencia extranjera dependerá de los tratados aplicables y de los requisitos procesales de la solicitud de reconocimiento. La elección del foro tiene consecuencias para la ejecución que a menudo pesan más que las preferencias procesales que normalmente determinan esa elección.

El panorama es más favorable para los laudos arbitrales. Los laudos dictados en cualquiera de los más de 170 Estados parte del Convenio de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras se reconocen y ejecutan en Bielorrusia conforme al Convenio, con motivos limitados para denegar su reconocimiento. En litigios comerciales transfronterizos de cuantía elevada, incluir una cláusula de arbitraje en el contrato mejora sustancialmente las posibilidades de ejecución transfronteriza frente a una cláusula que atribuya competencia a un tribunal extranjero.

Las sanciones

En 2026, los reclamantes extranjeros que presentan demandas contra contrapartes bielorrusas deben tener en cuenta las sanciones impuestas por la UE, Estados Unidos, el Reino Unido y otras jurisdicciones. Este marco afecta al litigio de dos maneras principales.

En primer lugar, las sanciones impuestas a determinadas entidades y personas bielorrusas —principalmente en virtud del Reglamento 765/2006 del Consejo de la UE, modificado por sucesivos paquetes de sanciones, y de las designaciones correspondientes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC)— pueden impedir que un reclamante proporcione recursos económicos o servicios financieros a una persona incluida en la lista, incluso mediante pagos derivados del cobro. Si la contraparte está designada, para cobrar puede ser necesaria una licencia específica de la autoridad competente en materia de sanciones de la jurisdicción del reclamante. Si no está designada, pero es propiedad de personas designadas o está bajo su control, el análisis es más complejo: OFAC aplica una prueba de propiedad del 50 %, mientras que las sanciones de la UE contemplan una prueba más amplia de propiedad y control. Esta cuestión debe analizarse cuidadosamente antes de iniciar el procedimiento.

En segundo lugar, las sanciones al sector bancario bielorruso —incluida la desconexión de varios de sus principales bancos de SWIFT y las prohibiciones de la UE y Estados Unidos de operar con determinados bancos bielorrusos— dificultan transferir fuera de Bielorrusia el importe obtenido en ejecución de la sentencia. Aunque la contraparte no esté sancionada y la reclamación no plantee problemas, el canal bancario utilizado para transferir los fondos puede convertirse en un cuello de botella operativo.

Existen alternativas. Es posible obtener licencias específicas en determinadas circunstancias. Las licencias generales de la UE y de EE. UU. contemplan excepciones para determinadas categorías de servicios jurídicos y recobro de deudas. Los canales bancarios no sancionados siguen operativos, aunque con un mayor control de cumplimiento normativo en ambos extremos de cualquier transferencia transfronteriza. La operativa práctica es más compleja que en las condiciones previas a las sanciones, pero rara vez resulta insuperable para una reclamación debidamente fundamentada.

En la práctica, antes de decidir si se va a litigar contra una contraparte bielorrusa en 2026, conviene realizar una comprobación de sanciones. Como mínimo, debe verificarse si la contraparte figura en las listas de designaciones pertinentes. Cuando corresponda, también deben revisarse la estructura de propiedad y control y la vía bancaria prevista para transferir los fondos cobrados. Es preferible obtener el análisis de sanciones al mismo tiempo que se delimita el alcance del litigio, y no una vez iniciado el procedimiento.

Alternativas estratégicas al litigio ante los tribunales

En algunos litigios, acudir al tribunal económico no es la vía más adecuada. Conviene valorar tres alternativas desde el inicio.

Negociación previa al litigio. Una reclamación previa bien redactada y enviada en el momento oportuno, respaldada por pruebas claras y una amenaza creíble de acudir a los tribunales, permite resolver un número significativo de litigios antes de iniciar el procedimiento. El ahorro de costes y tiempo frente a un proceso completo ante el tribunal económico puede ser considerable. En cualquier caso, la reclamación previa es obligatoria en los litigios comerciales entre personas jurídicas. Conviene utilizarla estratégicamente, como última oportunidad para llegar a un acuerdo y no como un mero trámite procesal; a menudo es la medida más eficaz de que dispone el reclamante extranjero.

Arbitraje ante la IAC de la BelCCI. Si su contrato ya incluye una cláusula de arbitraje —o si ambas partes están dispuestas a acordarlo una vez surgido el litigio—, la IAC de la BelCCI es una alternativa real a los tribunales económicos. Los procedimientos con participación de una parte extranjera suelen concluir en un plazo de seis meses. Además, como el baremo de tasas se publica de antemano, podrá calcular el coste sin sorpresas. El laudo puede ejecutarse en el extranjero conforme al Convenio de Nueva York, una de las razones por las que las partes suelen elegir la IAC para los litigios transfronterizos de mayor cuantía.

Arbitraje en el extranjero con posterior ejecución en Bielorrusia. Elegir una sede extranjera no excluye a Bielorrusia. Un laudo dictado en Londres, Estocolmo, Viena, Hong Kong o París puede ejecutarse allí conforme al Convenio de Nueva York, como cualquier otro. Este procedimiento es más complejo que el que se seguiría ante la IAC, por lo que suele tener sentido en dos casos: cuando las partes prefieren claramente una sede o institución arbitral concreta, o cuando la contraparte insiste en un territorio neutral que no pertenece a ninguna de las dos jurisdicciones.

No existe una respuesta única: la vía adecuada depende de cada caso. Hay que tener en cuenta la cuantía en juego, el contenido del contrato, la ubicación de los activos localizables de la contraparte, la relación más amplia entre las empresas y las preferencias de los equipos directivos y de compras. Rara vez basta con leer el contrato. La respuesta suele surgir al analizar de forma estructurada cuánto puede esperarse cobrar en la práctica.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuánto cuesta presentar una demanda comercial en el tribunal económico bielorruso?

La tasa estatal sobre las demandas de contenido económico es el primer gasto y se calcula conforme a la escala progresiva establecida en el Código Tributario. Para una reclamación comercial de cobro de entre 50.000 € y 500.000 €, cabe prever una tasa estatal de entre el 1 % y el 3 % de la cuantía reclamada: más cerca del 3 % en el extremo inferior y del 1 % en el superior. La cifra exacta depende del tramo aplicable y del valor de la unidad base en la fecha de presentación. A ello se añaden los gastos administrativos iniciales —notarización de documentos societarios, apostilla o legalización, traducción jurada al ruso del contrato y las pruebas justificativas, y poder para el abogado bielorruso—, que suelen sumar entre 500 € y 3.500 €. En una reclamación representativa por una deuda comercial de 200.000 €, el desembolso total inicial suele situarse entre 5.000 € y 7.500 €.

¿Puedo recuperar mis honorarios legales si gano en un tribunal bielorruso?

En principio, sí. Los honorarios de representación letrada pueden reclamarse a la parte vencida, con sujeción a la revisión de razonabilidad del tribunal. La recuperación efectiva es el aspecto que conviene tener en cuenta: en solicitudes de tasación de costas bien documentadas, observamos que se recupera entre el 50 % y el 80 % de los honorarios. Las solicitudes que alcanzan el extremo superior suelen incluir registros detallados del tiempo dedicado a cada tarea, tarifas por hora acordes con el mercado local y una relación clara entre los honorarios reclamados y los trámites procesales del caso. El tribunal suele reducir las solicitudes presentadas como cantidades globales sin desglose, con independencia de que la reclamación subyacente esté justificada. Los reclamantes extranjeros deben contar con una recuperación parcial. Dar por hecho que se recuperarán todos los honorarios legales es un error frecuente.

¿Puede una empresa extranjera demandar directamente a una contraparte bielorrusa en Bielorrusia?

Sí. Es una vía habitual. Una empresa extranjera puede demandar directamente a una contraparte bielorrusa ante el tribunal económico si cumple los requisitos procesales habituales. Primero debe enviar la reclamación previa obligatoria y dejar transcurrir el plazo de respuesta; después, presentar la demanda y sus documentos justificativos traducidos al ruso por un traductor jurado; apostillar los documentos expedidos en el extranjero o legalizarlos por vía consular si no es posible apostillarlos; y pagar la tasa estatal. La empresa no puede defenderse por sí misma: debe estar representada por un abogado bielorruso habilitado, en virtud de un poder notarizado.

¿Cuánto dura un litigio comercial ante el tribunal económico bielorruso?

Un procedimiento de primera instancia ante un tribunal económico suele durar entre dos y cuatro meses desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. El recurso ante el Tribunal Supremo añade normalmente otros tres o cuatro meses. Los arbitrajes ante la IAC con participación de una parte extranjera suelen concluir en un plazo de seis meses, conforme al Reglamento de la IAC. La ejecución de la sentencia o del laudo requiere más tiempo, normalmente de varias semanas a varios meses, según los bienes identificables del deudor y su grado de colaboración.

¿Puedo ejecutar una sentencia judicial extranjera contra una contraparte bielorrusa?

El reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera en Bielorrusia dependen de que exista un tratado internacional aplicable. En la CEI, el Acuerdo de Kiev de 1992 y la Convención de Minsk de 1993 establecen un marco. Bielorrusia tiene tratados bilaterales de asistencia jurídica con un número limitado de otros Estados. Si no se aplica ningún tratado, por lo general la sentencia extranjera no puede ejecutarse directamente en Bielorrusia y es necesario volver a litigar sobre el fondo. Los laudos dictados en Estados parte del Convenio de Nueva York están sujetos a un régimen de reconocimiento más favorable.

¿Merece la pena demandar a una contraparte bielorrusa en 2026, dadas las sanciones?

Las sanciones complican las cosas, pero no impiden litigar. Antes de presentar una demanda, compruebe si la contraparte figura en las listas de la UE y de OFAC. Si la estructura de propiedad no está clara, averigüe quién es su titular real y quién la controla. Si no figura en esas listas y es posible transferir los fondos cobrados a través de un banco que tampoco esté sancionado, demandar será una decisión comercial habitual. Si la contraparte figura en una lista, el cobro normalmente dependerá de que la autoridad competente del país del reclamante conceda una licencia específica. En ese caso, conviene revisar los plazos y el presupuesto.

Conclusión: cómo valorar si conviene litigar

La decisión de litigar contra una contraparte bielorrusa depende de tres preguntas, que conviene plantearse en este orden.

¿Es la contraparte solvente y posee activos identificables dentro de Bielorrusia? Si no es así, el litigio puede producir una victoria de papel sin recuperación, y los costes incurridos no se recuperarán.

¿La contraparte no está sujeta a sanciones, o existe una vía para obtener una licencia que permita cobrar? Si no se da ninguna de estas condiciones, el cobro será considerablemente más difícil y habrá que reevaluar los costes y los plazos antes de comprometerse a iniciar el procedimiento.

¿La cuantía reclamada justifica los honorarios y el esfuerzo necesarios? Para las reclamaciones comerciales habituales superiores a 50.000 €, litigar ante el tribunal económico bielorruso suele resultar rentable en términos de costes y beneficios. Para cuantías menores, conviene valorar primero otras vías: la inscripción ejecutiva notarial para deudas dinerarias no controvertidas, el procedimiento simplificado de mandamiento o un acuerdo comercial durante la fase de reclamación previa.

Si las respuestas a las tres preguntas son favorables, el tribunal económico bielorruso ofrece una vía fiable y razonablemente rápida para cobrar de una contraparte bielorrusa. Los reclamantes extranjeros que valoran el caso con realismo, se preparan cuidadosamente y cuentan pronto con asesoramiento local suelen obtener sentencias ejecutables en plazos razonables.

AMBY Legal representa a reclamantes extranjeros en litigios comerciales contra contrapartes bielorrusas, desde la reclamación previa obligatoria hasta la ejecución frente a los bienes del deudor. Para comentar un asunto concreto o calcular los costes y las posibilidades de cobro de una reclamación, póngase en contacto con nuestro equipo de litigios.