Gestión externa temporal en Bielorrusia
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Gestión externa temporal: el marco jurídico
La gestión externa temporal es un mecanismo introducido en Bielorrusia en 2022 que permite al Estado designar a un gestor externo para administrar una empresa bielorrusa propiedad de ciudadanos extranjeros procedentes de estados designados como no amigos. El mecanismo se introdujo inicialmente por un período de 18 meses y se ha prorrogado hasta finales de 2028.
Este mecanismo se implementó como parte de la respuesta de Bielorrusia a las sanciones internacionales, específicamente para abordar la situación de aquellas empresas bielorrusas cuyos propietarios extranjeros de estados no amigos habían dejado efectivamente de gestionarlas tras la situación geopolítica de 2022. Desde su introducción, se ha aplicado a diversas empresas en diferentes sectores.
Comprender qué desencadena el mecanismo, qué implica para el titular y qué medidas pueden adoptarse para mitigar el riesgo o impugnar la decisión resulta esencial para cualquier propietario extranjero de una empresa bielorrusa procedente de un estado no amigo.
Quién está en situación de riesgo
El mecanismo de gestión externa temporal puede aplicarse a aquellas empresas bielorrusas cuyo titular sea un ciudadano extranjero procedente de un estado no amigo: Estados miembros de la UE, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, Noruega, entre otros.
Los desencadenantes son los siguientes: el propietario cesa efectivamente en su participación en la gestión de la actividad de la empresa; o bien el propietario comete actos económicamente injustificados que puedan provocar el cese de la actividad de la empresa, su liquidación o quiebra, o causar daños a la entidad.
En la práctica, el detonante más frecuente es el primero: el propietario extranjero deja de relacionarse con la gestión de la empresa. Corre riesgo toda sociedad cuyo propietario extranjero se haya trasladado al extranjero, haya dejado de comunicarse con el director local, haya dejado de participar en la toma de decisiones y haya permitido que la entidad quede inactiva.
El mecanismo no se aplica a empresas propiedad de ciudadanos de Rusia, China, estados de la CEI u otros países no sujetos a restricciones.
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Qué implica la gestión externa temporal
Cuando se impone la gestión externa temporal, un administrador designado por el Estado asume la dirección de la compañía. Dicho administrador ostenta las facultades propias del director de la empresa: puede celebrar contratos, gestionar cuentas bancarias, contratar y despedir empleados y adoptar decisiones operativas.
El propietario extranjero pierde el control efectivo de las operaciones diarias de la empresa durante el período de gestión externa. Conserva su titularidad dominical —las participaciones sociales o acciones no se transmiten—, pero su capacidad de impartir instrucciones a la sociedad queda suspendida.
El período de gestión externa se prolonga durante el plazo especificado en la resolución de imposición. El gestor externo rinde cuentas ante el organismo estatal que lo nombró. El propietario puede solicitar la finalización de la gestión externa si las causas que la motivaron dejan de concurrir.
Nuestros servicios
Asesoramiento sobre medidas de protección
Impugnación de la resolución
Coordinación de salida
Monitoreo continuo
Qué implica la gestión externa temporal
Cuando se impone la gestión externa temporal, un administrador designado por el Estado asume la dirección de la compañía. Dicho administrador ostenta las facultades propias del director de la empresa: puede celebrar contratos, gestionar cuentas bancarias, contratar y despedir empleados y adoptar decisiones operativas.
El propietario extranjero pierde el control efectivo de las operaciones diarias de la empresa durante el período de gestión externa. Conserva su titularidad dominical —las participaciones sociales o acciones no se transmiten—, pero su capacidad de impartir instrucciones a la sociedad queda suspendida.
El período de gestión externa se prolonga durante el plazo especificado en la resolución de imposición. El gestor externo rinde cuentas ante el organismo estatal que lo nombró. El propietario puede solicitar la finalización de la gestión externa si las causas que la motivaron dejan de concurrir.
¿Por qué nos eligen nuestros clientes?
Experiencia posterior a 2022
Experiencia en impugnaciones
Asesoramiento a distancia
Atención en inglés
Preguntas frecuentes
Propietarios de países designados como no amistosos por Bielorrusia: Estados miembros de la UE, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. Los propietarios de Rusia, China, países de la CEI y otros países no restringidos no están sujetos a este mecanismo.
Dos supuestos: el propietario cesa efectivamente en su participación en la gestión de la actividad de la empresa; o bien adopta acciones económicamente injustificadas que puedan conducir a la disolución, liquidación o daños a la sociedad. En la práctica, la primera condición (cese en la implicación de la gestión) constituye el detonante más frecuente.
El mecanismo está concebido para abordar aquellas empresas cuyos propietarios las han abandonado, no a sociedades que se encuentran en un proceso de liquidación activa y formal. Una empresa que ha iniciado formalmente el proceso de liquidación voluntaria —con un liquidador nombrado y la liquidación inscrita— se encuentra en una situación jurídica distinta a la de una entidad abandonada. Asesoramos sobre la interacción entre el proceso de liquidación y el riesgo de gestión externa temporal.
Su duración se especifica en la resolución que la impone. Actualmente, el mecanismo está vigente hasta finales de 2028. El propietario puede solicitar la extinción de la gestión externa si las causas que la motivaron dejan de concurrir.
El gestor externo cuenta con amplias facultades de administración, pero está sujeto al control del organismo estatal que lo designó. Asesoramos sobre las facultades específicas del gestor externo en cada caso y sobre la capacidad del propietario para impugnar las decisiones adoptadas por dicho gestor.
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