En el mundo empresarial, los dividendos desempeñan un papel fundamental para atraer y retener a los inversores, ya que evidencian la solidez financiera de la empresa y su capacidad para generar beneficios. Sin embargo, el pago de dividendos no es automático y depende de múltiples factores. Este artículo aborda las condiciones y circunstancias en las que una sociedad puede decidir el reparto de dividendos a sus propietarios y accionistas, así como aquellos supuestos en los que está prohibido su abono.
Los dividendos representan la parte del beneficio distribuible de la empresa que queda tras el pago de impuestos y la absorción de las pérdidas generadas.
Formalmente, tan solo las sociedades anónimas abonan dividendos a sus accionistas, mientras que el resto de las compañías —sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de responsabilidad adicional— distribuyen los beneficios entre los socios en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social. Por motivos prácticos, denominaremos genéricamente dividendos a todos estos pagos.
Los empresarios y socios deben comprender las diferencias en el régimen de distribución de dividendos aplicable a las sociedades anónimas frente a las sociedades de capital no anónimas.
El conocimiento de la normativa sobre pagos es indispensable para toda empresa que aspire a mantener su estabilidad financiera y su atractivo en el mercado.
En primer lugar, una política de dividendos adecuada contribuye a consolidar relaciones de confianza con los inversores, toda vez que los pagos periódicos reflejan estabilidad y confianza en las perspectivas futuras del negocio.
En segundo lugar, comprender las reglas permite a las organizaciones gestionar eficazmente sus flujos de tesorería. Evaluar la situación financiera y la capacidad real de la empresa antes de repartir dividendos previene situaciones de iliquidez y dificultades económicas.
Asimismo, el dominio de la legislación y de la regulación aplicable a los pagos ayuda a evitar contingencias jurídicas y sanciones potenciales. El cumplimiento riguroso de estas normas resulta crucial para preservar la reputación corporativa y atraer nuevos inversores.
La política de dividendos no constituye meramente una cuestión financiera, sino una herramienta estratégica capaz de influir en la táctica corporativa global y en la imagen de la empresa en el mercado.
Una sociedad anónima está obligada a distribuir beneficios entre los titulares de acciones preferentes —abonándoles sus correspondientes dividendos— y, en su caso, a los titulares de acciones ordinarias. La singularidad de las acciones preferentes radica en que confieren el derecho a percibir un dividendo de cuantía fija, pero no otorgan derecho de voto en la junta general de accionistas.
En las sociedades anónimas se elabora formalmente un listado de accionistas con derecho a percibir dividendos.
Los dividendos se abonan en virtud del acuerdo adoptado por la junta general de accionistas y de conformidad con la normativa interna de la sociedad aprobada por dicha junta, instrumentos que establecen el procedimiento de distribución y abono, incluido el plazo límite de pago.
El acuerdo de la junta general sobre el pago de dividendos no se ejecutará —y dicha decisión no deberá adoptarse— cuando concurran los siguientes obstáculos en el momento de su adopción o de su pago:
1. El capital social de la sociedad anónima no ha sido desembolsado íntegramente (el importe mínimo del capital social se sitúa en aproximadamente 4500 euros para las sociedades anónimas abiertas y en unos 1100 euros para las cerradas, sin perjuicio de exigencias estatutarias superiores).
2. El pago de dividendos reduzca el valor de los activos netos de la sociedad por debajo de la suma del capital social y los fondos de reserva (entendiéndose por valor de los activos netos la diferencia entre el valor de los activos —bienes e inversiones— y el pasivo exigible).
3. El valor de los activos netos de la empresa sea inferior a la cuantía del capital social y de los fondos de reserva.
4. Exista riesgo de insolvencia o concurso de acreedores de la sociedad.
5. La empresa no haya satisfecho íntegramente a los accionistas el precio de las acciones previamente recompradas.
Los datos de los estados financieros intermedios permiten a la sociedad anónima acordar el reparto de dividendos correspondientes al primer trimestre, semestre o a los nueve primeros meses del ejercicio. Los dividendos del ejercicio anual se abonan con base en los estados financieros anuales.
El plazo de abono de los dividendos sobre acciones preferentes y ordinarias se determina en los estatutos sociales. Si estos no fijan un plazo específico para las acciones ordinarias, los dividendos se abonarán por acuerdo de la junta general en un plazo máximo de 60 días naturales desde la fecha de adopción de dicho acuerdo.
Los dividendos pueden pagarse en las sociedades de responsabilidad limitada (OOO) y en las sociedades de responsabilidad adicional (ODO) cuando la sociedad dispone de beneficios tras impuestos, pagos obligatorios, la cobertura de pérdidas causadas por la empresa y las deducciones a los fondos de la sociedad (si se han creado). El importe del beneficio distribuido entre los socios de la empresa como dividendos lo determina la propia sociedad. Es posible distribuir no la totalidad del beneficio, sino solo una parte. La cuantía de la parte del beneficio que se distribuirá entre los socios se determina en los estatutos de la sociedad o por decisión de la junta general de socios.
Los dividendos se abonan conforme al procedimiento previsto en los estatutos sociales en proporción a las cuotas de participación de los socios en el capital social. Si los estatutos no regularan este extremo en el momento del registro estatal de la compañía, podrá optarse por:
Opción 1
Modificar los estatutos sociales incorporando previsiones sobre los plazos y el procedimiento de abono de dividendos a los socios.
Opción 2
No modificar los estatutos sociales; en este supuesto, el plazo máximo para el abono de los beneficios distribuidos no excederá de 60 días desde la fecha en que la junta general adoptó el acuerdo de reparto.
La junta general decide sobre la distribución de beneficios al menos una vez al año, por lo que los socios pueden percibir dividendos con carácter anual como mínimo. No obstante, la aprobación del reparto de beneficios no equivale necesariamente a su pago inmediato.
Es posible estipular en los estatutos sociales una periodicidad superior para el abono de dividendos (mensual, trimestral, semestral u otra frecuencia).
Asimismo, los estatutos pueden prever que la periodicidad del pago de dividendos sea fijada periódicamente por acuerdo de la junta general de socios.
Los socios se abstendrán de acordar el reparto de dividendos y, de haberse adoptado el acuerdo, la sociedad suspenderá su abono en las siguientes circunstancias:
1. El capital social de la empresa no se encuentra íntegramente desembolsado (la legislación no fija un capital mínimo legal para las SRL y SRA, determinándose su cuantía en los estatutos sociales).
2. No se ha satisfecho el valor real de su participación al socio que hubiera causado baja en la compañía.
3. Concurran causas legales de insolvencia o concurso de acreedores derivadas de cuentas pendientes de pago.
4. Como consecuencia del pago de dividendos, se generen situaciones de insolvencia por deudas exigibles.
5. En el momento de adoptar el acuerdo de reparto, el valor de los activos netos de la sociedad sea inferior a la suma del capital social y de los fondos de reserva.
6. Como resultado de la distribución de dividendos, el valor de los activos netos descienda por debajo de dicha cuantía.
Si el acuerdo de pago de dividendos se hubiera adoptado con anterioridad a la aparición de tales circunstancias, la obligación de abono quedará en suspenso y deberá cumplirse una vez hayan cesado dichos impedimentos.
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