La cláusula de resolución de conflictos es el párrafo que nadie lee al firmar y que todo el mundo necesita cuando surge un problema. Para cuando el contrato llega a la mesa del abogado litigante, la cuestión de dónde se va a librar esta batalla ya está decidida: mediante una fórmula que un gestor de compras copió de una plantilla dos años antes. Con una contraparte bielorrusa en 2026, dicho párrafo tiene más peso que en la mayoría de las operaciones transfronterizas, ya que dos de sus consecuencias han cambiado significativamente desde 2022: qué foro conocerá del litigio y si la decisión resultante podrá ejecutarse efectivamente donde se encuentran los bienes.
Las partes extranjeras que nos piden redactar o revisar un contrato con una contraparte bielorrusa casi siempre se encuentran en la misma encrucijada: la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia (IAC de la BelCCI), un arbitraje comercial internacional con sede en Minsk, frente a los Tribunales Económicos de Bielorrusia, los tribunales estatales especializados que conocen de los litigios comerciales por defecto si no existe una cláusula de arbitraje. Cada opción cuenta con argumentos sólidos a su favor. Ninguna es la respuesta correcta en todas las situaciones; la cuestión es cuál se adapta al acuerdo que tiene ante sí.
Este artículo analiza la comparativa tal como la planteamos en nuestras reuniones de asesoramiento: las ocho dimensiones que realmente determinan la elección, el panorama de ejecución posterior a abril de 2022 que ha modificado el cálculo para los acreedores extranjeros de la UE, el Reino Unido, EE. UU. y jurisdicciones similares, y las situaciones en las que cada foro resulta claramente preferible. Nuestra área de arbitraje y resolución de conflictos interviene en ambos foros, y el análisis que sigue es el que empleamos internamente antes de recomendar uno u otro.
La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia (IAC de la BelCCI) es el principal órgano institucional de arbitraje en Bielorrusia para litigios comerciales. Opera desde 1994, resuelve controversias tanto entre partes bielorrusas como entre partes bielorrusas y extranjeras, y emite laudos firmes, generalmente inapelables y ejecutables internacionalmente en virtud de la Convención de Nueva York. Tratamos la institución en detalle en nuestro artículo explicativo sobre la IAC de la BelCCI, donde se puede obtener información sobre la institución, sus árbitros, su idioma y sus prácticas procesales. Este artículo aborda una cuestión distinta: cuándo el arbitraje en dicha sede constituye la opción acertada desde el principio.
Los Tribunales Económicos de Bielorrusia son los tribunales estatales especializados que conocen de los litigios comerciales entre empresas. Existe un Tribunal Económico en cada región y un Tribunal Económico de la Ciudad de Minsk. Los procedimientos se celebran en ruso o bielorruso, en vistas públicas, con derecho de apelación y casación. Si un contrato carece de cláusula arbitral y de un foro extranjero acordado, el litigio se remite por defecto a estos tribunales. La mayoría de los litigios comerciales que involucran a una parte bielorrusa —ya sea como demandante o demandada— pasan por estos órganos.
Todos los artículos comparativos sobre foros de resolución de conflictos enumeran diez o doce dimensiones, de las cuales seis son consecuencias derivadas de otras dos o tres. A continuación presentamos las ocho que consideramos fundamentales en las conversaciones reales con clientes, ya que cada una modifica sustancialmente la respuesta según el tipo de operación.
Confidencialidad
Las vistas de la IAC de la BelCCI son confidenciales por defecto. Los casos se celebran a puerta cerrada y los participantes están obligados a no divulgar información sobre el procedimiento. Los laudos no se publican de la misma forma que una sentencia judicial. En cambio, las vistas de los Tribunales Económicos de Bielorrusia son públicas por regla general y las sentencias forman parte del registro público. Para operaciones que impliquen secretos comerciales, condiciones mercantiles sensibles, exposición reputacional o cualquier relación comercial en la que ninguna de las partes desee que el litigio se haga público, la confidencialidad por sí sola suele decantar la balanza.
Velocidad
Este es el aspecto en el que la mayoría de las comparativas genéricas se equivocan, ya que la realidad presenta matices. La IAC de la BelCCI resuelve los litigios nacionales en aproximadamente tres meses desde la constitución del tribunal arbitral, y los litigios transfronterizos en unos seis meses. Los laudos son firmes y no están sujetos a apelación ordinaria —existen motivos limitados para su anulación—, por lo que el plazo suele ser ajustado. Por su parte, los Tribunales Económicos de Bielorrusia disponen de un plazo base de dos meses para los procedimientos ordinarios, ampliable a cuatro, y de hasta siete meses para asuntos transfronterizos. Sin embargo, dichos tribunales cuentan también con un procedimiento monitorio (приказное производство) que resuelve reclamaciones de deudas incontestadas con documentación completa en pocas semanas. Ante una factura impagada y sin oposición, con todos los contratos y certificados de aceptación en regla, el procedimiento monitorio supera al arbitraje en rapidez. En cambio, para un litigio comercial en el que se discute el fondo del asunto, el arbitraje suele concluir antes.
Costes
Los costes varían en función de la cuantía de la reclamación. La estructura de tasas de la IAC publicada por la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia es progresiva. Para reclamaciones transfronterizas inferiores a 5.000 €, la tasa mínima de arbitraje ronda los 700 €. Dicha escala aumenta con el valor del litigio: aproximadamente 700 € más el 5,5 % de la cantidad que supere los 5.000 € para demandas de hasta 10.000 €, aplicándose reducciones del 30 % en caso de árbitro único. Los Tribunales Económicos exigen una tasa judicial del 5 % de la cuantía de la demanda en la mayoría de los procedimientos declarativos, con mínimos y máximos legales. Para litigios de menor cuantía, la tasa estatal resulta más económica que el arbitraje; para litigios medianos o grandes, la tasa arbitral puede ser inferior al porcentaje estatal, especialmente con árbitro único. Ambos regímenes incluyen también costes de la fase de ejecución, que suelen situarse en torno al 10 % de la cantidad efectivamente recuperada mediante la actuación de los agentes judiciales.
Elección de la ley aplicable
En el arbitraje de la IAC, las partes pueden acordar la ley aplicable al contrato: el derecho bielorruso, la legislación de cualquier otro Estado, las reglas del comercio internacional, los usos al estilo INCOTERMS o una combinación de ellas. Se trata de una opción real y de gran utilidad para operaciones transfronterizas. En los Tribunales Económicos se aplica el derecho sustantivo bielorruso. El derecho extranjero puede resultar relevante para un litigio, pero se trata como un hecho que la parte invocante debe probar, y no como la ley rectora del procedimiento. Para contratos en los que las partes prefieren un marco de derecho extranjero conocido —como el derecho inglés, suizo o alemán—, el arbitraje constituye la única opción con sede en Bielorrusia que lo permite.
Elección del idioma
Los procedimientos de la IAC de la BelCCI pueden desarrollarse en bielorruso, ruso u otro idioma acordado por las partes, siempre que los árbitros puedan tramitar el procedimiento en ese idioma. En asuntos transfronterizos se celebran habitualmente procedimientos en inglés. Los juicios ante los Tribunales Económicos de Bielorrusia se tramitan exclusivamente en ruso o bielorruso. Los documentos en lengua extranjera son admisibles si van acompañados de traducciones al ruso o bielorruso certificadas notarialmente, y se facilita servicio de interpretación, pero las actuaciones se desarrollan en un idioma oficial. Para un demandante extranjero cuyos interlocutores internos deban seguir el caso en tiempo real, esta distinción resulta más importante de lo que parece a simple vista.
Elección de árbitros o jueces
En la IAC, las partes designan a los árbitros. Cuando ambas partes son residentes en Bielorrusia, eligen de entre la lista recomendada de árbitros de la IAC (unos 73 nombres en los últimos años; dicha lista es pública e incluye a abogados, académicos y profesionales tanto bielorrusos como extranjeros). Si una de las partes no es residente, puede designar a un árbitro ajeno a dicha lista, asumiendo el coste adicional que comporta la participación de un árbitro extranjero. En los Tribunales Económicos, los jueces son asignados por el propio tribunal, sin intervención de las partes. Para controversias que exigen conocimientos técnicos específicos —en banca, propiedad intelectual, construcción o asuntos mercantiles complejos—, la IAC otorga a las partes un mayor control sobre quién resolverá el caso.
Recursos y firmeza
Los laudos de la IAC son firmes. Solo pueden ser anulados por el Tribunal Supremo por motivos procesales tasados (inexistencia de un convenio arbitral válido, vulneración del derecho de defensa, contradicción con el orden público y similares), sin que quepa revisar el fondo del asunto. Por el contrario, las resoluciones de los Tribunales Económicos pueden recurrirse en apelación y posteriormente en casación, con una fase extraordinaria de supervisión ante el Tribunal Supremo. Para un demandante convencido de la solidez de su postura, la firmeza constituye una ventaja: una vez obtenido el laudo, el litigio concluye. Para el demandado, las instancias múltiples representan una red de seguridad. Los demandantes con sólidos argumentos suelen preferir el arbitraje, mientras que los demandados con bazas defensivas pueden inclinarse en ocasiones por la vía judicial.
Ejecutividad: la dimensión más relevante en 2026
Este aspecto ha experimentado la mayor evolución desde 2022 y sigue siendo malinterpretado en la mayoría de las comparativas genéricas. Los laudos arbitrales internacionales —incluidos los de la IAC de la BelCCI— son reconocidos y ejecutables en virtud de la Convención de Nueva York de 1958, de la que Bielorrusia y más de otros 170 Estados son parte. En cambio, una sentencia judicial extranjera depende para su ejecución transfronteriza de tratados bilaterales o multilaterales de asistencia jurídica o del principio de reciprocidad, cuya aplicación resulta menos amplia y previsible que el régimen de la Convención de Nueva York. Por tanto, en aquellos litigios en los que la decisión deba ejecutarse fuera de Bielorrusia, el laudo arbitral cuenta con un marco jurídico que facilita más su ejecución internacional que el de una sentencia judicial bielorrusa.
Dentro de Bielorrusia, ambos regímenes interactúan con un marco de ejecución específico que ha cambiado sustancialmente desde abril de 2022, al cual dedicaremos el siguiente apartado dada su importancia.
Cuadro comparativo con los principales criterios analizados:
| Criterio | IAC de la BelCCI | Tribunales Económicos de Bielorrusia |
|---|---|---|
| Confidencialidad | Cerrado por defecto; participantes sujetos a confidencialidad | Vistas públicas; las sentencias constan en registro público |
| Rapidez (controversias sobre el fondo) | ~3 meses en asuntos nacionales; ~6 meses en transfronterizos; firme | 2–4 meses en procesos declarativos; hasta 7 meses en transfronterizos; recurrible |
| Velocidad (deuda incontestada) | Idéntica al proceso contencioso | Los procedimientos monitorios concluyen en pocas semanas |
| Costes | Tasa de arbitraje desde ~700 €; progresiva; -30 % para árbitro único | Tasa judicial del 5 % de la cuantía; mínimos y máximos legales |
| Ley aplicable | Libre elección: derecho de cualquier Estado, INCOTERMS, usos comerciales | Se aplica el derecho sustantivo bielorruso; el derecho extranjero se trata como un hecho |
| Idioma | Ruso, bielorruso u otro idioma acordado | Exclusivamente ruso o bielorruso |
| Designación del órgano decisor | Las partes eligen a los árbitros (si ambas son residentes en Bielorrusia, deben elegir de la lista recomendada) | Los jueces son asignados por el tribunal |
| Recurso de apelación | Inexistente sobre el fondo; motivos tasados de anulación | Recursos de apelación, casación y revisión de supervisión disponibles |
| Ejecutividad internacional | Convención de Nueva York, más de 170 Estados | Tratados bilaterales o reciprocidad; menor alcance |
Este es el apartado que la mayoría de los análisis en lenguas extranjeras sobre la resolución de litigios en Bielorrusia sigue sin abordar con claridad, y que para muchos lectores determinará por sí solo la elección del foro.
Desde el 10 de abril de 2022, Bielorrusia ha suspendido la ejecución de resoluciones dictadas a favor de residentes de Estados considerados como autores de «acciones no amistosas» contra personas físicas y jurídicas bielorrusas. El listado de dichos Estados es fijado por el Consejo de Ministros —cuyas resoluciones y actualizaciones se publican en el portal oficial de información jurídica de Bielorrusia— e incluye a los Estados miembros de la UE, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia, Noruega, Islandia, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda y Liechtenstein. Los detalles de este régimen —qué decisiones resultan afectadas y qué excepciones se aplican— se analizan exhaustivamente en nuestra página de servicios sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras, mientras que el régimen paralelo aplicable a los laudos figura en nuestra página de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.
Cabe destacar tres puntos fundamentales respecto a la elección del foro.
En primer lugar, la suspensión afecta a la ejecución, no al reconocimiento. Las resoluciones aún pueden ser reconocidas en Bielorrusia; lo que se suspende son las medidas de apremio sobre bienes situados en el país a favor de residentes de Estados no amistosos. Para los acreedores corporativos, esto marca la diferencia entre poseer un documento que acredita un crédito y cobrarlo efectivamente.
En segundo lugar, la suspensión se aplica tanto a las sentencias judiciales extranjeras como a los laudos arbitrales extranjeros que pretendan ejecutarse en Bielorrusia cuando el acreedor procede de un Estado no amistoso. El cauce que va desde una sentencia del Tribunal Comercial de Londres hasta el embargo de bienes en Minsk queda suspendido, al igual que el derivado de un laudo dictado en un arbitraje ante la LCIA. La Convención de Nueva York no prevalece sobre el régimen interno de ejecución establecido con posterioridad.
En tercer lugar —y esta es la conclusión práctica para la elección del foro—, los laudos de la IAC de la BelCCI son laudos dictados con sede en Bielorrusia, y no laudos extranjeros sometidos a reconocimiento en el país. Su ejecución interna responde a una cuestión procesal distinta, con mecanismos propios regulados por la legislación nacional y ajenos al régimen de reconocimiento de resoluciones extranjeras. Para un demandante procedente de un Estado no amistoso que prevea ejecutar en Bielorrusia, un laudo de la IAC de la BelCCI constituye estructuralmente una vía más directa que una sentencia judicial o un laudo arbitral extranjeros. Ello requiere una cuidadosa estructuración en la fase de redacción del contrato, y no cuando surge el litigio, debiendo confirmarse el tratamiento exacto con letrados locales para cada operación concreta.
Las contrapartes de empresas bielorrusas procedentes de países que no figuran en la lista de «Estados no amigos» —la mayoría de los países de la CEI, China, Turquía, el CCG, la India y gran parte de Asia y África— no se ven afectadas por este régimen. Para dichas partes, la elección del fuero se basa en las ocho dimensiones analizadas en la sección anterior, sin que la asimetría en la ejecución incline la balanza.
Dos listas breves. Cada uno de estos criterios suele resolver la cuestión por sí solo en nuestras consultas de planificación.
Analícelas en orden. La primera cuestión que le ofrezca una respuesta definitiva suele ser la solución correcta.
Por regla general, no, siempre que el convenio arbitral sea válido, cubra el litigio en cuestión y una de las partes lo invoque a tiempo. El demandado puede oponerse a la jurisdicción del tribunal estatal alegando la existencia de un acuerdo de arbitraje, y el juzgado debe remitir a las partes a dicha vía. Las excepciones comprenden cláusulas defectuosas, litigios que excedan el objeto del pacto o materias excluidas del arbitraje por el derecho bielorruso. Una cláusula genérica que disponga «cualquier controversia» sin designar una institución arbitral específica resulta más vulnerable que aquella que menciona expresamente a la IAC de la BelCCI e identifica la sede, el idioma y el reglamento aplicable.
Los Tribunales Económicos conocerán del litigio con arreglo a las normas de competencia supletorias, habitualmente en el domicilio del demandado. En las operaciones transfronterizas, la ausencia de cláusula sitúa a las partes en un foro que puede no ser óptimo para ninguna de ellas. Incluir una cláusula arbitral en un contrato ya firmado es posible por mutuo acuerdo (mediante una adenda o un convenio arbitral independiente), pero requiere la cooperación de ambas partes, algo poco habitual una vez surgido el litigio. Nuestra área de litigios y resolución de conflictos abarca ambas vías: representación judicial a falta de cláusula arbitral y representación arbitral cuando esta existe.
Ello requiere un análisis casuístico y detallado por parte de asesores locales. Los laudos de la IAC de la BelCCI proceden de arbitrajes con sede en Bielorrusia, lo que los sitúa en una categoría diferente a las sentencias judiciales extranjeras y los laudos de arbitrajes con sede en el extranjero objeto de reconocimiento en el país. El régimen de suspensión de ejecuciones posterior a abril de 2022 es objeto de regulación y actualización periódica; el tratamiento exacto de un laudo concreto depende de la jurisdicción del acreedor, las especificidades del litigio y los bienes objeto de embargo. Antes de iniciar cualquier acción de ejecución, el acreedor extranjero debe obtener un dictamen jurídico actualizado de letrados locales en lugar de basarse en criterios que eran correctos hace dos años.
Sí. La mediación está reconocida en el derecho bielorruso y puede emplearse en cualquier fase: antes, durante o de forma paralela al procedimiento formal. Los acuerdos de mediación pueden ejecutarse judicialmente en los mismos términos que otros acuerdos transaccionales. En el ámbito internacional, la mediación se ha consolidado como un paso previo habitual al arbitraje en numerosas relaciones comerciales; el marco de los ICC Dispute Resolution Services constituye una de las referencias transfronterizas más utilizadas. Resulta especialmente útil para relaciones mercantiles continuadas en las que las partes desean resolver una controversia sin extinguir su vínculo, y menos útil cuando una de las partes simplemente necesita una resolución ejecutable para cobrar de una contraparte morosa. Asimismo, el reglamento procesal de la IAC de la BelCCI permite alcanzar acuerdos transaccionales en cualquier momento del arbitraje, incluso una vez constituido el tribunal.
El laudo en sí mismo no es directamente ejecutable. Para proceder a su ejecución, la parte vencedora debe solicitar un título ejecutivo al Tribunal Económico del domicilio del deudor. Dicho tribunal examina la solicitud en el plazo aproximado de un mes y, de estimarla, expide el título para su remisión al servicio de agentes judiciales encargado del cobro. Desde la emisión del laudo hasta el inicio de las actuaciones de los agentes judiciales, un plazo de dos a tres meses es realista en supuestos sencillos. El plazo posterior para el cobro dependerá de la situación patrimonial del deudor, la tipología de los bienes afectados y las objeciones que aquel pueda plantear durante la ejecución.
La lista es establecida por el Consejo de Ministros de Bielorrusia e incluye a los Estados miembros de la UE, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia, Noruega, Islandia, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda y Liechtenstein, y se actualiza periódicamente. Los demandantes procedentes de países que no figuran en la lista —entre ellos la mayoría de los Estados de la CEI, China, Turquía, el CCG, la India y la mayor parte de Asia, África y América Latina— no se ven afectados por el régimen de suspensión de la ejecución. Para los demandantes de dichas jurisdicciones, la elección del fuero se basa en la comparativa ordinaria de las ocho dimensiones, sin que la asimetría en la ejecución constituya un factor determinante.
Sí, mediante una adenda o un convenio arbitral independiente firmado por ambas partes. En la práctica, esto resulta sencillo cuando ambas partes lo desean —por ejemplo, al constatar que su relación se beneficia de la confidencialidad—. Sin embargo, se complica notablemente una vez surgido el conflicto: la parte que saldría perdiendo en el arbitraje frente a la vía judicial no tiene incentivos para aceptar el cambio, y los convenios arbitrales exigen el consentimiento mutuo. El momento idóneo para abordar la resolución de conflictos es la fase de contratación, y nunca en plena controversia.
En resumen, para la mayoría de los litigios comerciales transfronterizos con una contraparte bielorrusa en 2026, el arbitraje de la IAC de la BelCCI constituye la opción predeterminada estructuralmente más sólida, especialmente cuando el demandante procede de un Estado no amistoso, el contrato exige derecho extranjero o vistas en inglés, o la confidencialidad resulta prioritaria. Los Tribunales Económicos de Bielorrusia continúan siendo la respuesta adecuada para reclamaciones de menor cuantía, deudas incontestadas con documentación completa, supuestos de ejecución con deudor y bienes en Bielorrusia, y controversias no susceptibles de arbitraje.
La elección debe adoptarse antes de firmar el contrato, y no una vez iniciado el litigio. Una cláusula arbitral bien redactada —que designe a la IAC de la BelCCI, identifique Minsk como sede, especifique el idioma y la ley aplicable, y fije el número de árbitros— no genera costes en la firma y ahorra cuantiosas sumas en caso de controversia. Una cláusula ambigua del tipo «cualquier litigio se resolverá conforme a la ley aplicable» equivale procesalmente a dejar la puerta abierta.
Nuestro equipo ha intervenido en procedimientos ante la IAC de la BelCCI y los Tribunales Económicos de Bielorrusia representando a demandantes y demandados extranjeros en diversos litigios comerciales transfronterizos. Si está redactando un contrato con una contraparte bielorrusa, evaluando un conflicto activo o tratando de diseñar un foro idóneo ante una futura ejecución, póngase en contacto con nosotros. Una breve consulta suele clarificar qué foro se adapta a su asunto y cómo debe redactarse la cláusula antes de la siguiente ronda negocial.
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