La mayoría de las empresas de TI que acuden a nosotros cuando surge un problema contractual lo hacen en un momento parecido. Se ha retrasado un hito, se ha retenido un pago alegando un defecto que quizá exista o quizá no y, mientras tanto, ha empezado a plantearse quién es realmente el titular del código fuente. A menudo, las partes están en jurisdicciones distintas —a veces con una sociedad offshore en la estructura— y ninguna quiere llevar el asunto a un proceso público. Un procedimiento público expondría el código fuente, la documentación técnica, los datos de clientes, las condiciones comerciales y los derechos de propiedad intelectual: precisamente aquello que la empresa tanto se ha esforzado por proteger.
Por eso, en la mayoría de los contratos internacionales de TI, los litigios se someten a arbitraje en lugar de a los tribunales económicos estatales. Suele ser la opción adecuada. Ahora bien, el arbitraje solo ofrece lo que promete si la cláusula se ha redactado teniendo en cuenta las particularidades de las TI, y muchas de las cláusulas que vemos no lo hacen.
Esta guía aborda cuatro cuestiones que surgen habitualmente en nuestra práctica de derecho tecnológico:
Dirigido a inversores, fundadores y directivos que gestionan contratos de TI transfronterizos en los que participa una parte bielorrusa.
Los litigios de TI —sobre desarrollo de software, videojuegos, aplicaciones fintech o soluciones blockchain— se basan en cuestiones técnicas: arquitectura del software, calidad del código, criterios de aceptación, normas de seguridad y alcance de las licencias de propiedad intelectual. La principal ventaja del arbitraje frente a los tribunales estatales es que las partes pueden elegir árbitros con trayectoria en el sector tecnológico: abogados y especialistas con experiencia real en el ámbito. Los jueces de los Tribunales Económicos de Bielorrusia, por competentes que sean, no se asignan en función de su especialización en TI. Cuando la cuestión central es si el software cumple las especificaciones, resulta decisiva la experiencia de quienes examinan el expediente.
A fecha de 2026, este sigue siendo el principal motivo por el que las empresas de TI eligen el arbitraje: contar con árbitros familiarizados con la materia.
El arbitraje es confidencial por defecto, y en los litigios de TI las partes casi siempre lo prefieren así. El motivo es evidente: código fuente, algoritmos, datos de clientes, condiciones comerciales, conocimientos técnicos (know-how) y hojas de ruta de productos. La divulgación pública de cualquiera de estos elementos puede causar un perjuicio considerable, a veces superior al valor de la propia reclamación.
Una gran parte de la actividad de las empresas de TI bielorrusas tiene carácter internacional desde su concepción. Un desarrollador local entrega productos a clientes extranjeros, los distribuye a través de tiendas de aplicaciones y concede licencias de productos a no residentes. También se dan estructuras más complejas: acuerdos tripartitos, pagos canalizados a través de terceros y sociedades holding en terceros países.
Para los litigios derivados de cualquiera de estos escenarios, la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de los Laudos Arbitrales Extranjeros proporciona a las partes una vía de ejecución fiable. Bielorrusia es Estado contratante, junto con más de 170 países. El reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras, por el contrario, depende de tratados bilaterales y de la reciprocidad, y en muchos casos no ofrece ninguna vía realista de ejecución.
El Reglamento de la IAC de la BelCCI y los reglamentos de las principales instituciones extranjeras permiten a las partes adaptar el procedimiento al litigio. Esto es importante en los casos de TI: las pruebas digitales y los registros de acceso pueden organizarse sin formalismos procesales rígidos, y las partes pueden acordar el nombramiento de peritos técnicos. Los códigos procesales estatales, concebidos para abarcar todas las categorías de litigios mercantiles bajo un único conjunto de normas, ofrecen a las partes mucho menos margen de maniobra.
Las partes pueden acordar de antemano la composición del tribunal arbitral, lo que les brinda una oportunidad real de que el asunto sea resuelto por personas con la experiencia sectorial y técnica adecuada. La IAC de la BelCCI mantiene una lista de árbitros que incluye a abogados en ejercicio y especialistas con experiencia en tecnología. Las instituciones extranjeras ofrecen mecanismos de selección comparables. En conjunto, estas ventajas hacen que el arbitraje no sea solo una opción para resolver litigios de TI, sino la más adecuada en la mayoría de los casos.
Los elementos habituales de una cláusula de arbitraje —sede, institución y reglamento, idioma y derecho sustantivo aplicable— funcionan igual en los contratos de TI que en cualquier otro. Sin embargo, las particularidades de este sector exigen incluir algunas disposiciones adicionales.
El arbitraje es confidencial de partida, pero la cláusula puede añadir protecciones para categorías concretas de material: acceso restringido al código fuente, prohibición de copiarlo y obligación de devolverlo y destruirlo al concluir el procedimiento. Estas medidas complementan el marco de la empresa para la protección de secretos comerciales y la ejecución de pactos de no competencia, que es lo que da verdadera eficacia al acuerdo de confidencialidad (NDA).
La mayoría de los litigios informáticos requieren un perito técnico. La cláusula puede resolver esta cuestión de antemano: un único perito independiente designado por el tribunal, o bien un perito por cada parte. Es preferible decidirlo ahora que una vez iniciado el litigio.
El depósito —custodiar el código fuente con un tercero sujeto a determinados supuestos de liberación— constituye un mecanismo de protección habitual en muchos proyectos de software. La cláusula debe integrarlo dentro del ámbito del arbitraje: si surge un conflicto sobre los supuestos de liberación, las partes prefieren que sea resuelto por el mismo tribunal y no en un procedimiento separado que involucre al agente custodio.
Muchos litigios de TI giran en torno a si el producto entregado cumple las especificaciones. Si estas están documentadas con detalle y el procedimiento de aceptación se ha acordado de antemano, el tribunal dispone de criterios concretos para resolver el asunto. De lo contrario, el litigio se convierte en un debate sobre lo que las partes «tenían en mente», lo que debilita considerablemente la posición de quien soporta la carga de la prueba.
La cláusula debe incluir expresamente en el arbitraje los litigios sobre propiedad intelectual —titularidad, alcance de los derechos e infracciones—. De lo contrario, el tribunal podría enfrentarse a objeciones sobre su competencia precisamente cuando menos conviene.
La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia es el principal foro arbitral para los litigios transfronterizos en los que interviene una parte bielorrusa. Para la mayoría de las empresas de TI bielorrusas —desarrolladores, proveedores de SaaS y residentes del HTP con contratos internacionales—, es el punto de partida habitual.
¿Por qué elegir la IAC en lugar de un tribunal estatal?
Confidencialidad. Los procedimientos judiciales en Bielorrusia son públicos; el arbitraje no lo es. Para los litigios informáticos —en los que el expediente contiene código fuente, documentación técnica y secretos comerciales—, dicha distinción resulta crucial.
Ejecución. Los laudos de la IAC se ejecutan en Bielorrusia a través de los tribunales económicos y en el extranjero en virtud de la Convención de Nueva York, a la que se han adherido más de 170 Estados. En la mayoría de los países, cobrar un laudo arbitral resulta considerablemente más sencillo que ejecutar una sentencia bielorrusa.
El tribunal. Las partes designan a los árbitros. La lista de la IAC incluye a abogados con experiencia real en el sector tecnológico. Cuando el litigio versa sobre si un producto de software se ajusta a las especificaciones, ese derecho de elección posee un valor económico tangible.
Suiza, Suecia, Viena, Londres, Hong Kong y Chipre son sedes elegidas habitualmente para arbitrajes sobre litigios de TI en los que participan partes bielorrusas. Suele haber motivos concretos: una de las partes está constituida allí, la estructura societaria apunta a esa sede o la contraparte extranjera exige una jurisdicción neutral con amplia experiencia en arbitrajes del sector tecnológico.
El arbitraje en el extranjero es más caro y exige una mayor coordinación logística. Sin embargo, a veces es justamente lo que requiere la situación, sobre todo cuando una de las partes se niega por principio a aceptar una institución bielorrusa.
No existe una respuesta universalmente correcta. Existe una respuesta correcta para cada contrato, y resulta mucho más fácil de hallar antes de su firma que una vez desatado el litigio.
He aquí las ocho principales cuestiones, aproximadamente en el orden en que suelen aflorar a medida que las relaciones entre las partes se deterioran.
Es la categoría más habitual y también la más problemática. Con arreglo al Derecho bielorruso, tras la entrada en vigor de la nueva redacción de la sección V del Código Civil el 19 de noviembre de 2024, los derechos exclusivos sobre las obras creadas por un empleado pertenecen al empleador solo si así se establece expresamente en el contrato de trabajo o en un acuerdo separado. En el caso de un contratista que trabaja con un contrato de Derecho civil, los derechos siguen perteneciendo al contratista salvo que se hayan cedido en virtud del contrato.
Ello convierte a la cláusula de transferencia de propiedad intelectual no en un mero trámite legal, sino en un elemento estructural fundamental del contrato. Los tribunales la interpretan constantemente, y el resultado determina si el cliente es verdaderamente propietario del producto por el que ha pagado.
Cuándo y en qué condiciones se entrega el código fuente. La disputa no suele girar en torno a lo que dice el contrato, sino a si se ha producido realmente el hecho que activa la obligación de entregarlo. Es una cuestión mixta de hecho y de Derecho que los árbitros con experiencia en el sector resuelven con mayor seguridad que los jueces generalistas.
La calidad de las propias especificaciones y la forma en que se documentó el proceso de aceptación suelen ser determinantes para resolver el caso. Estos litigios dependen en gran medida de los hechos.
Impagos, reclamaciones de devolución de anticipos y retenciones de pagos por el cumplimiento del contrato. El caso típico: el cliente deja de pagar en el tercer hito de cinco, o el desarrollador cobra un anticipo y desaparece. Aquí son importantes los plazos de prescripción: en Bielorrusia, el plazo general es de tres años desde el incumplimiento y puede agotarse sin que las partes se den cuenta mientras intercambian correos cada vez más corteses.
Errores de software, vulnerabilidades de seguridad y deficiencias de rendimiento. Qué se considera un defecto, cuál es el período de garantía, quién lo subsana y a cargo de quién: todo depende del régimen de garantías del contrato y de la diligencia con que se hayan documentado las reclamaciones.
Tiempo de actividad, disponibilidad e integridad de los datos. Los contratos SaaS suelen incluir acuerdos de nivel de servicio. Cuando el servicio no alcanza los parámetros establecidos, el litigio gira en torno a si se ha producido un incumplimiento, qué excepciones son aplicables y qué reparación corresponde.
Filtración de material confidencial y uso de información divulgada fuera del ámbito autorizado. El régimen bielorruso de secretos comerciales exige que el titular haya adoptado medidas razonables para proteger la información. Un acuerdo de confidencialidad contractual es útil, pero solo si la empresa cuenta con un régimen de confidencialidad efectivo.
¿A quién pertenece el resultado si el desarrollador ha utilizado herramientas de IA? ¿Qué garantías se aplican? ¿Puede el cliente revenderlo? La mayoría de los contratos redactados antes de 2023 ignoran por completo esta cuestión. Los redactados recientemente la abordan, pero con una formulación cuya aplicación a hechos concretos exige una interpretación cuidadosa. La OMPI realiza un seguimiento de las implicaciones para la propiedad intelectual de los contenidos generados por IA a medida que evolucionan los criterios. Esta categoría seguirá creciendo.
Conviene conocer de antemano varios aspectos procesales.
Prueba. Código fuente, historial de commits, registros del control de versiones, resultados de pruebas y conversaciones en aplicaciones de mensajería: el arbitraje permite gestionar pruebas digitales sin dificultad. Los materiales sensibles, incluido el código fuente que nadie ajeno al tribunal debería ver, pueden presentarse con protocolos de acceso restringido.
Peritos técnicos. La mayoría de los litigios de TI no pueden tramitarse sin ellos. Cada parte puede nombrar a su propio perito o el tribunal puede designar a uno independiente. La primera opción es más cara, pero permite a las partes controlar mejor la posición que se presenta; la segunda es más económica, aunque el resultado es menos previsible. Es preferible acordar la opción en la cláusula que discutirla una vez iniciado el litigio.
Exhibición de documentos. Es más amplia que en los procedimientos judiciales de la Europa continental, pero más limitada que el «discovery» estadounidense. En los litigios de TI, ese término medio suele ser adecuado.
Idioma. En la IAC de la BelCCI, el ruso es el idioma habitual. En las instituciones extranjeras se emplea el inglés. La documentación técnica en varios idiomas es habitual y suele gestionarse mediante traducciones selectivas, en lugar de traducir íntegramente todo el expediente.
Las características de los litigios de TI —materia técnica, pruebas digitales, exigencias de confidencialidad y partes de distintos países— hacen del arbitraje el foro natural. En este contexto, los tribunales estatales quedan en desventaja en casi todos los aspectos relevantes.
Para los litigios en los que intervienen empresas de TI bielorrusas, la IAC de la BelCCI es el foro habitual de partida. Se eligen instituciones extranjeras cuando existe un motivo comercial concreto.
Sin embargo, nada de esto funciona si la cláusula de arbitraje no se redacta correctamente y con antelación. Una cláusula genérica copiada de internet no es adecuada para un contrato de TI: no contempla protocolos de confidencialidad, el tratamiento del código fuente ni el nombramiento de peritos técnicos. Conviene que profesionales con experiencia directa en arbitrajes de TI la redacten antes de firmar.
Para litigios de TI —incluida la redacción y revisión de cláusulas arbitrales en contratos de TI y la tramitación de procedimientos ante la IAC de la BelCCI o instituciones extranjeras—, consulte con los abogados habilitados para ejercer en AMBY Legal. Este artículo tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico sobre un contrato o litigio concreto.
Una parte extranjera que debe decidir dónde resolver un litigio con una contraparte bielorrusa no se pregunta, a fin de cuentas, qué es el Tribunal de Arbitraje Internacional de la BelCCI. Esa cuestión tiene una respuesta consolidada, y ya la hemos abordado por separado. Las preguntas que verdaderamente deciden el resultado son más precisas. ¿Se […]
El contrato está redactado. La parte bielorrusa ha enviado una copia escaneada de sus estatutos, un número de identificación fiscal (NIF) y una nota alegre preguntando cuándo puede usted firmar. Su equipo de compras quiere tenerlo listo para el viernes. El departamento jurídico tiene la intuición de que hay algo que comprobar, pero ¿qué, exactamente? […]
La cláusula de resolución de conflictos es el párrafo que nadie lee al firmar y que todo el mundo necesita cuando surge un problema. Para cuando el contrato llega a la mesa del abogado litigante, la cuestión de dónde se va a librar esta batalla ya está decidida: mediante una fórmula que un gestor de […]
