Cuando un matrimonio se disuelve, las cuestiones más complejas rara vez versan sobre el piso o el automóvil; giran en torno a los hijos. ¿Dónde vivirán? ¿Con qué frecuencia los verá el progenitor que abandona el hogar? ¿Qué valor tendrán las preferencias de los propios menores? En Bielorrusia, estas materias se rigen por el Código de la República de Bielorrusia sobre el Matrimonio y la Familia, de 9 de julio de 1999, n.º 278-Z, que fue modificado varias veces en 2024 y 2025 y sigue vigente durante todo 2026.
El Código consagra un criterio diáfano: los progenitores son iguales y el interés del menor es prioritario. Esta guía expone las normas resultantes en términos prácticos, tanto para residentes en Bielorrusia como para nacionales extranjeros cuya situación familiar dependa de un tribunal bielorruso.
Con arreglo al derecho de familia bielorruso, no es posible separar las cuestiones relativas a los hijos de un proceso de divorcio para tramitarlas por separado: ambas cuestiones se resuelven conjuntamente. El artículo 39 del Código es claro: si un matrimonio se disuelve por vía judicial y no se ha alcanzado un acuerdo sobre el lugar de residencia de los hijos, el régimen de contacto con el progenitor que vive separado de ellos y la pensión alimenticia, el juez deberá resolver todas estas cuestiones en la misma resolución que pone fin al matrimonio.
Los preceptos aplicables se encuentran principalmente en el capítulo 10 del Código. El artículo 74 regula el lugar de residencia, el artículo 76 confirma la igualdad de derechos y deberes de ambos progenitores, el artículo 76¹ regula el Acuerdo sobre los Hijos y el artículo 77 establece los derechos del progenitor que vive separado del menor. El artículo 78 reconoce además derechos de contacto a abuelos, hermanos y bisabuelos.
El artículo 74 arranca con una premisa sencilla: el hijo reside donde lo hacen sus progenitores. El planteamiento es válido hasta que los padres dejan de convivir. En ese momento, la regla deja de surtir efecto y el Código ofrece dos opciones para actuar.
La opción preferente es que los progenitores lleguen a un acuerdo. Este puede formalizarse mediante un Acuerdo sobre los Hijos ante notario, conforme al artículo 76¹, o incluirse en un contrato matrimonial celebrado antes o durante el matrimonio. En ambos casos, el documento debe constar por escrito, estar firmado por ambos progenitores y ser otorgado ante notario. Puede establecer con quién residirá el menor, cómo pasará tiempo con el otro progenitor, el importe de la pensión alimenticia, las condiciones de los viajes al extranjero y otras cuestiones prácticas, siempre que su contenido no perjudique los intereses del menor ni infrinja la legislación bielorrusa.
El Acuerdo sobre los Hijos es ejecutivo. Si uno de los progenitores incumple posteriormente lo pactado, el otro podrá obtener un título ejecutivo y acudir al servicio de agentes judiciales sin necesidad de iniciar el procedimiento desde el principio. La intervención notarial es lo que dota al documento de dicha fuerza, razón por la cual un pacto verbal o un intercambio de mensajes de WhatsApp resultan insuficientes.
Si los progenitores no logran llegar a un acuerdo, el artículo 74 somete la cuestión a la decisión judicial. La resolución no depende de que uno de los progenitores sea la madre, de quién perciba un sueldo mayor o de quién tenga una jornada laboral más corta. El Código enumera los factores que el juez debe ponderar:
Ninguno de estos factores es decisivo por sí solo. Un progenitor con ingresos elevados que trabaja en turnos de doce horas y delega el cuidado en los abuelos no obtendrá automáticamente la residencia del menor frente a un progenitor con recursos modestos pero presente en su vida diaria. Los tribunales bielorrusos suelen solicitar informes de la autoridad de tutela y curatela que describen las condiciones de vida de cada progenitor, la escolarización del menor y los vínculos emocionales en el hogar. Conforme al artículo 86 del Código, dicho informe es un elemento obligatorio del expediente.
Para los menores que hayan cumplido diez años, el artículo 74 establece una regla importante: el tribunal debe tener en cuenta su opinión, salvo que hacerlo vaya en contra de sus intereses. La autoridad de tutela del lugar de residencia del menor recaba dicha opinión a petición del tribunal, en un entorno concebido para reducir la presión sobre el menor. No se trata de una votación y el juez no está obligado a seguir la preferencia del menor, pero el deseo expresado con claridad por un niño de diez años tiene un peso real y rara vez se ignora sin motivos fundados.
Una vez resuelto dónde vivirá el menor, entra en juego la segunda parte del artículo 39: el régimen de contacto y participación en la crianza para el progenitor que ya no convive con él. El artículo 77 establece claramente el principio aplicable: el progenitor que vive separado del menor tiene derecho a verlo y el deber de participar en su crianza, y el progenitor con quien vive el menor no puede obstaculizar ese contacto.
En la práctica, un calendario homologado judicialmente suele regular:
El calendario no constituye una concesión graciosa al progenitor no custodio; representa un derecho consagrado en el artículo 76 y reforzado por el artículo 77. Si el progenitor custodio conculca el régimen sin causa justificada, la otra parte podrá instar la ejecución judicial y, en supuestos de gravedad, ejercitar una acción para modificar el lugar de residencia del menor.
El Código contempla asimismo el escenario inverso. En virtud del párrafo segundo del artículo 77, el tribunal podrá limitar el contacto entre un progenitor y un hijo, de forma temporal o indefinida, si el progenitor quebranta el calendario pactado o la resolución judicial, o si la continuidad del contacto contraría el interés del menor.
Las reformas del Código de 2024 confirmaron el Acuerdo sobre los Hijos como instrumento central para regular las relaciones familiares tras el divorcio. El artículo 76¹ permite a los progenitores recoger en un único documento notarial casi todas las cuestiones que, de otro modo, tendría que resolver el tribunal: residencia, contacto, importe de la pensión alimenticia y forma de pago, y viajes transfronterizos. El Acuerdo puede modificarse o extinguirse por mutuo consentimiento. Si las circunstancias cambian sustancialmente, cualquiera de los progenitores puede solicitar al tribunal su modificación o anulación con arreglo a las normas generales sobre contratos del Código Civil.
Optar por la vía del Acuerdo reporta claras ventajas. Los trámites se agilizan, se ahorra al menor la confrontación procesal y los progenitores retienen el control de los detalles en lugar de acatar una plantilla judicial. Con frecuencia resulta oportuno sopesarlo aun cuando el divorcio discurra en un clima de hostilidad, recurriendo en ocasiones al auxilio de un mediador, cauce expresamente fomentado por el Código en sus artículos 6, 35¹ y 36.
Tratándose de familias en las que uno de los progenitores reside en el extranjero, o en las que un cónyuge es extranjero, las mismas reglas del capítulo 10 resultan de aplicación si el asunto se enjuicia en Bielorrusia, debiendo ponderarse dos factores adicionales.
En primer lugar, Bielorrusia es Estado parte en el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, cuyo mecanismo de restitución se aplica conforme al artículo 235¹ del Código. El progenitor que traslade a un menor fuera de Bielorrusia incumpliendo los acuerdos de custodia se arriesga a que un tribunal extranjero ordene su restitución, y viceversa. En este ámbito, dejar la documentación en orden durante el divorcio resulta mucho menos costoso que corregir los problemas más adelante. Nuestra guía sobre el divorcio con un ciudadano extranjero explica las cuestiones adicionales de competencia que pueden surgir cuando uno de los cónyuges no tiene la nacionalidad bielorrusa.
En segundo lugar, los regímenes de visitas transfronterizos deben resultar viables en la práctica. Una pauta de «un fin de semana al mes» carece de sentido si el progenitor no custodio reside en otro continente. Los tribunales bielorrusos, guiados por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, se han mostrado en los últimos años más proclives a admitir calendarios mixtos que conjugan periodos presenciales intensivos (vacaciones escolares, verano) con un contacto telemático periódico.
El artículo 78 reconoce a los hermanos, abuelos y bisabuelos un derecho propio a mantener el contacto con el menor. Si el progenitor con quien vive el menor impide ese contacto, el tribunal puede fijar el horario, el lugar y la forma de los encuentros, teniendo también en cuenta la opinión de los menores de diez años o más. Conviene tener presente esta norma al planificar los acuerdos tras el divorcio, ya que los abuelos suelen desempeñar un papel importante en la vida diaria de los menores en las familias bielorrusas.
No. Es uno de los mitos más frecuentes que escuchamos de los clientes que acuden a nuestro despacho.
El artículo 76 del Código sitúa a ambos progenitores en pie de igualdad ante la ley. Los jueces aplican este principio en la práctica. Lo que inclina la balanza no es el sexo, sino lo que demuestra el expediente sobre la crianza cotidiana: quién lleva al menor al médico, quién está en casa por las tardes y en qué domicilio hay una habitación preparada para él. En Bielorrusia, los padres obtienen con frecuencia la residencia del menor cuando las pruebas respaldan su caso.
A los diez años. Una vez alcanzada dicha edad, el artículo 74 obliga al tribunal a tomar en consideración su parecer; deja de ser potestativo. Ello no obsta para que el juez no quede vinculado por el mismo. Si atender la voluntad del menor le resultara perjudicial, el tribunal podrá resolver en sentido contrario.
Si el divorcio se tramita ante la oficina del registro civil al amparo del artículo 35¹ (cuando no hay hijos menores comunes ni litigio patrimonial), no se plantea la cuestión de la residencia. Cuando hay hijos menores, el divorcio se tramita ante el tribunal: los progenitores pueden presentar un Acuerdo sobre los Hijos para que el tribunal lo acepte, o el propio tribunal resuelve estas cuestiones.
Cuando el divorcio se tramita ante un tribunal, el artículo 36 concede a las partes un plazo de reconciliación de tres meses, prorrogable hasta seis. Las cuestiones de residencia y contacto suelen resolverse dentro de ese plazo general, por lo que un asunto sencillo se resuelve en unos cuatro a seis meses desde la presentación de la demanda.
Sí. Cualquiera de los progenitores puede instar una modificación judicial si las circunstancias han variado, y el tribunal evaluará la situación actual del menor en lugar de reabrir la resolución originaria.
Dos aspectos suelen sorprender a los progenitores una vez que un expediente de custodia recae sobre la mesa de un juez bielorruso.
El primero es la escasa importancia que se concede a los relatos. Los jueces no valoran las acusaciones cruzadas en la sala, sino los documentos: quién firmó la hoja de asistencia a las reuniones de padres, el nombre que figura en los historiales médicos, lo que declara el vecino sobre quién recoge al menor del colegio y lo que recoge el informe de la autoridad de tutela tras visitar el domicilio. Eso es lo que cuenta en el proceso. Lo demás es secundario.
La segunda sorpresa es que muchas disputas pueden evitarse antes de acudir al tribunal. Los progenitores que presentan un Acuerdo sobre los Hijos otorgado ante notario, en el que se especifican el lugar de residencia, un calendario de contacto viable y una fórmula clara para calcular la pensión alimenticia, suelen obtener el divorcio dentro del plazo ordinario de tres meses. Quienes acuden sin ese acuerdo, en la práctica dejan los detalles de su vida familiar en manos de un desconocido.
Sea cual fuere su situación, recabar asesoramiento adecuado de manera temprana constituye la decisión que mayor impacto genera en los resultados. El equipo de familia de AMBY Legal asiste a progenitores bielorrusos y extranjeros en cuestiones de residencia de menores y régimen de visitas, desde la redacción inicial del Acuerdo hasta la representación íntegra en sede judicial.
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