El divorcio no solo resulta difícil para los cónyuges, sino que constituye un punto de inflexión para sus hijos. Una de las cuestiones más controvertidas en cualquier divorcio es dónde vivirá el menor. En Bielorrusia, esta materia se resuelve con arreglo al Código de la República de Bielorrusia sobre Matrimonio y Familia, siendo el principio rector uno solo: el interés superior del menor. En los últimos dos años, el Código ha sido modificado sustancialmente por las Leyes del 8 de julio de 2024 n.º 26-Z, del 12 de julio de 2025 n.º 86-Z y del 9 de diciembre de 2025 n.º 110-Z. Algunas nuevas disposiciones entraron en vigor el 17 de julio de 2025 y el 17 de enero de 2026, por lo que cualquier análisis de los casos de residencia de menores en 2026 debe partir de la redacción actual del Código.
Este artículo repasa los derechos y deberes actuales de los progenitores, cómo se determina el lugar de residencia del menor, el papel del acuerdo sobre los hijos y las preguntas que nuestros abogados de familia reciben con más frecuencia de sus clientes.
El lugar de residencia del menor no constituye una mera formalidad, sino la base de la estabilidad tras el divorcio. Determina a qué colegio acude el niño, quién percibe las ayudas estatales, dónde está empadronado y quién puede adoptar decisiones urgentes en materia de salud y educación. Si esta cuestión no se resuelve, los conflictos entre los ex cónyuges se prolongan durante años, y el menor es el primero en sufrir las consecuencias.
En virtud del artículo 74 del Código de Matrimonio y Familia, se considera que el lugar de residencia del menor es el de sus progenitores. Cuando estos viven separados, la cuestión se resuelve de mutuo acuerdo y, si hay desacuerdo, por decisión judicial atendiendo al interés del menor. El texto íntegro del Código está disponible en el Portal Jurídico Nacional de Internet oficial.
Asimismo, es fundamental destacar que el progenitor que no convive con el menor conserva el derecho a comunicarse con él y a participar en su crianza. Incluso si el menor se queda con la madre, el padre tiene derecho a verle y a compartir el deber de sustento, y viceversa. La legislación bielorrusa es firme al respecto: el divorcio pone fin al matrimonio, pero no a la filiación.
La principal norma legislativa es el Código de la República de Bielorrusia sobre Matrimonio y Familia del 9 de julio de 1999 n.º 278-Z (en adelante, el Código). Los artículos 74, 76-1, 77, 36, 39 y 86 configuran el marco en el que los tribunales y las autoridades de tutela y custodia resuelven sobre la residencia del menor tras el divorcio.
Desde el 17 de julio de 2025, varios criterios clave están firmemente asentados en la práctica judicial. El tribunal determina qué progenitor muestra más cuidado y atención, y valora no solo los ingresos, sino también la implicación real: quién lleva al menor al colegio, al médico y a las actividades extraescolares. Después considera la edad del menor y el vínculo que mantiene con cada progenitor, las cualidades personales de estos (hábitos perjudiciales, antecedentes penales y estabilidad psicológica), así como su capacidad para ofrecer condiciones de vida adecuadas y un ambiente moral saludable.
La opinión del menor que ha alcanzado los 10 años de edad se tiene en cuenta de forma obligatoria, salvo que sea contraria a sus propios intereses. Dicha opinión es recabada, a instancia del tribunal, por el órgano de tutela y curatela del lugar de residencia del menor —no por el juez en la sala de vistas—, lo que reduce la presión psicológica sobre el menor.
También merecen atención las normas de mediación actualizadas. El Código reconoce expresamente el derecho a una reunión informativa gratuita con un mediador, tanto al presentar la solicitud ante el registro civil como al interponer una demanda judicial. En muchos conflictos familiares, la mediación permite llegar a un acuerdo sin necesidad de una resolución judicial, con el consiguiente ahorro de tiempo, dinero y recursos psicológicos para la familia.
La mejor opción es que los progenitores lleguen a un acuerdo por sí mismos. Para ello existe un instrumento específico: el acuerdo sobre los hijos (artículo 76-1 del Código), un documento escrito que debe elevarse a escritura pública ante notario.
En el acuerdo sobre los hijos, los progenitores pueden determinar con cuál de ellos vivirán los menores; el régimen de comunicación y la participación del progenitor no residente en la crianza; la cuantía, la forma y el calendario de pago de la pensión alimenticia; el procedimiento para que los menores salgan al extranjero desde la República de Bielorrusia; y otras cuestiones relativas a su crianza y manutención. El único límite es que las disposiciones no vulneren los derechos ni los intereses legítimos del menor y no sean contrarias a la ley.
El acuerdo sobre los hijos podrá modificarse o resolverse por mutuo acuerdo, adoptando la misma forma en que se celebró. A instancia de uno de los progenitores, el documento podrá modificarse o resolverse por vía judicial. Asimismo, el tribunal podrá declarar la nulidad del acuerdo si vulnera los intereses del menor. Abordamos este procedimiento con mayor detalle en nuestro artículo sobre la residencia y el régimen de visitas del menor tras el divorcio.
El contrato matrimonial es otra herramienta que conviene tener en cuenta. Puede regular cuestiones patrimoniales y algunos aspectos no patrimoniales antes de que se produzca el divorcio, lo que ayuda a reducir futuros conflictos. Sin embargo, las cuestiones relativas a la crianza de los hijos tras la disolución del matrimonio suelen incluirse en el acuerdo sobre los hijos y no en el contrato matrimonial.
Si los progenitores no llegan a un acuerdo, el litigio se resuelve en los tribunales. Conforme al artículo 36 del Código, al admitir a trámite la demanda de divorcio, el tribunal concede a los cónyuges un plazo de reconciliación de tres meses y les informa de su derecho a recurrir a la mediación. Una vez transcurrido ese plazo, se concede el divorcio si el tribunal determina que ya no es posible preservar la familia. El tribunal puede ampliar el plazo de reconciliación hasta seis meses.
Cuando exista controversia sobre la crianza y el sostenimiento de los hijos y no se haya formalizado un acuerdo sobre los hijos, un capitulado matrimonial o un convenio de alimentos, el tribunal resolverá —conjuntamente con el pronunciamiento de divorcio— con qué progenitor convivirán los hijos, el régimen de visitas y comunicación del progenitor no residente, y la cuantía de la pensión alimenticia (artículo 39 del Código).
La autoridad de tutela y custodia desempeña un papel especial. En virtud del artículo 86 del Código, un asunto relativo a la crianza de un menor solo puede señalarse para vista una vez que el tribunal haya recibido el dictamen de dicha autoridad. Los especialistas visitan los domicilios de ambos progenitores, examinan las condiciones de vida y hablan con el menor. Si el tribunal discrepa del dictamen, debe motivarlo en la sentencia, lo que en la práctica confiere a la posición de la autoridad de tutela y custodia un peso casi decisivo en los asuntos contenciosos.
En determinados supuestos, el tribunal también designa peritos psicólogos para evaluar el estado emocional del menor. Ello resulta especialmente relevante cuando existe un conflicto prolongado o la sospecha de que un adulto ejerce presiones sobre el niño. El dictamen del psicólogo no sustituye la opinión del propio menor, pero ayuda al tribunal a distinguir una preferencia genuina de una postura inducida.
La sentencia determina claramente con cuál de los progenitores vivirá el menor, el régimen de visitas del progenitor no residente y la cuantía de la pensión alimenticia. La resolución puede ejecutarse de inmediato si dejar al menor con el demandado pudiera perjudicar su salud física o mental.
El artículo 77 del Código lo establece con claridad: el progenitor que vive separado de sus hijos tiene derecho a comunicarse con ellos y la obligación de participar en su crianza. El progenitor con el que conviven los hijos no está facultado para impedir que el otro se comunique con ellos. Este constituye uno de los ámbitos más conflictivos tras el divorcio, y los tribunales actúan con firmeza al respecto.
El tribunal puede fijar un régimen de visitas específico: horas y días semanales, normas para los periodos de vacaciones escolares y festivos, vacaciones de verano y autorización para comunicarse por medios electrónicos. Asimismo, el tribunal podrá restringir las visitas de uno o ambos progenitores cuando dichas comunicaciones no atiendan al interés del menor o se produzcan incumplimientos reiterados del régimen acordado.
Una idea equivocada muy extendida es que «los hijos siempre se quedan con la madre». El Código no contempla tal presunción. El padre y la madre tienen idénticos derechos y deberes respecto a sus hijos aun después de disuelto el matrimonio, salvo que el acuerdo sobre los hijos disponga otra cosa (artículo 76). Lo que el tribunal valora realmente es la edad.
Para los lactantes y niños menores de tres años, el apego a la madre y la lactancia materna influyen naturalmente en la decisión. Pero esto no es automático: si la madre lleva un estilo de vida antisocial o no puede mantener al menor, el tribunal fallará a favor del padre. A medida que el menor crece, sus propios hábitos, apegos y opiniones adquieren mayor peso. A partir de los 10 años, la opinión del menor debe tenerse en cuenta, salvo que sea contraria a sus intereses.
Cuando no es posible llegar a un acuerdo, conviene afrontar el proceso judicial con una buena preparación. Al progenitor que quiera que el menor viva con él le resultará útil aportar referencias laborales y de vecinos, documentos médicos que acrediten que acompaña al menor a las consultas, certificados escolares, justificantes de ingresos y de vivienda, declaraciones de testigos y correspondencia que demuestre su implicación en la vida del menor. Cada documento debe respaldar un argumento claro: el tribunal no extraerá conclusiones de una carpeta desordenada.
La disciplina procesal también es importante: presentar correctamente la demanda (o la reconvención), formular las solicitudes procesales a tiempo y atender al dictamen de la autoridad de tutela y custodia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo publicada en el portal oficial de los tribunales de Bielorrusia muestra que los asuntos en los que una de las partes está representada por un abogado de familia con experiencia se resuelven más rápido y con menos estrés para la familia.
A partir de los 10 años; dicho umbral de edad se establece directamente en el artículo 74 del Código. La opinión del menor no se recaba en la sala de vistas, sino a través de la autoridad de tutela y custodia correspondiente al domicilio del niño.
No. Padre y madre ostentan iguales derechos y deberes. El tribunal no atiende al género, sino a la atención efectiva prestada, el vínculo afectivo del menor, las cualidades personales de los progenitores y sus condiciones de vida. En la práctica, los menores de tres años suelen permanecer con la madre, pero esto no constituye una regla automática.
El acuerdo sobre los hijos conserva su validez mientras no sea impugnado. No obstante, si vulnera los intereses del menor o uno de los progenitores incumple sus términos, el tribunal podrá —a instancia de parte interesada— modificarlo, resolverlo o declararlo nulo.
Sí. Si las circunstancias varían —por ejemplo, el progenitor con el que convive el menor ha dejado de cuidarle adecuadamente—, el otro progenitor podrá interponer una demanda judicial para fijar un nuevo lugar de residencia para el menor.
Un divorcio contencioso con hijos suele prolongarse entre 3 y 6 meses, incluido el periodo de reconciliación. Una demanda independiente sobre la residencia del menor se resuelve habitualmente en un plazo de 1 a 3 meses. Gran parte depende de la carga de trabajo del tribunal y de la implicación de las partes.
Formalmente sí, pero en la práctica la contraparte casi siempre acude asistida por letrado. Los errores en la fase de interposición de la demanda y recopilación de pruebas resultan costosos y, a menudo, no pueden subsanarse en apelación.
Determinar el lugar de residencia de un menor en un divorcio en Bielorrusia es una tarea tanto jurídica como humana. La redacción vigente del Código ofrece herramientas bastante flexibles: desde un acuerdo sobre los hijos formalizado ante notario hasta una sentencia judicial con intervención de la autoridad de tutela y custodia. Sin embargo, el resultado depende menos de la norma en sí que de la preparación competente de la posición del progenitor. El asesoramiento jurídico sobre el lugar de residencia del menor es una de las principales áreas de práctica de AMBY Legal.
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