Demandar a una empresa estatal bielorrusa en 2026: jurisdicción, inmunidad soberana y posibilidades reales de cobro

Cuando un contrato con una empresa estatal bielorrusa sale mal, la primera pregunta que suelen plantearse los acreedores extranjeros es la relativa a la inmunidad soberana. ¿Se puede demandar realmente a la empresa ante los tribunales? ¿Se escudará en la inmunidad del Gobierno para dejarle con una reclamación inútil? La preocupación es comprensible, pero en la mayoría de los casos está fuera de lugar.

Una empresa estatal bielorrusa es, en la inmensa mayoría de los casos, una demandada mercantil ordinaria. Tiene personalidad jurídica y balance propios, y litiga ante los mismos tribunales económicos que cualquier empresa privada. La inmunidad soberana —la doctrina que protege a un Estado frente a demandas— rara vez se aplica a la empresa, ya que actúa como tal y no como el Estado. En la mayoría de los casos, el muro que muchos temen encontrar no existe. Eso no significa que estas reclamaciones sean fáciles. Se enfrentan a obstáculos distintos de los que evoca la expresión «de propiedad estatal», y centrarse en los obstáculos reales, en lugar de en los imaginados, es en gran medida lo que permite cobrar una deuda en vez de quedarse con una sentencia acumulando polvo en un expediente.

Hay dos problemas más difíciles que reciben mucha menos atención. El primero es la jurisdicción: dónde se resolverá realmente el litigio y si será válida la cláusula de arbitraje o de sumisión a tribunales extranjeros que negoció con tanto cuidado, dado que desde 2023 la legislación bielorrusa otorga a sus propios tribunales una amplia competencia exclusiva sobre determinadas categorías de litigios. El segundo es el cobro: convertir una sentencia o un laudo en dinero efectivo procedente de una empresa cuyos activos y pagos están condicionados por la titularidad estatal, los controles cambiarios y las sanciones. Este artículo se centra en esas dos cuestiones y devuelve la inmunidad soberana al lugar más limitado que le corresponde. Dirija su atención al riesgo real y una reclamación que parecía abrumadora empezará a parecer lo que suele ser: un litigio mercantil con algunas complicaciones jurisdiccionales específicas, que pueden anticiparse si sabe dónde buscarlas.

A quién está demandando realmente

El Estado bielorruso mantiene sus intereses comerciales principalmente de dos formas, y la distinción importa antes de redactar una sola línea de una demanda. La primera es la empresa unitaria: una entidad cuyos bienes siguen siendo propiedad estatal o municipal, mientras que la propia empresa opera como persona jurídica independiente. La segunda es la sociedad anónima en la que el Estado posee parte o la totalidad de las acciones, estructuralmente igual que cualquier otra sociedad anónima, salvo que el Estado figura entre sus accionistas.

En ambos casos, la idea clave es la misma: la empresa es una persona jurídica independiente, distinta de la República de Bielorrusia. Posee activos, firma contratos en su propio nombre y puede demandar y ser demandada en nombre propio. Cuando presenta una demanda, la parte demandada es la empresa, no el Gobierno que la respalda. Esto tiene una consecuencia que muchos acreedores extranjeros pasan por alto: al tratarse de una empresa, se le aplica todo el repertorio habitual del litigio mercantil —las normas ordinarias sobre contratos, los tribunales ordinarios y las vías habituales para obtener una sentencia y ejecutarla—. No está litigando contra el Estado, sino contra una empresa que resulta ser de titularidad estatal; en la mayoría de los casos, el litigio es mucho más viable de lo que sugiere a primera vista la expresión «de propiedad estatal».

Esa separación funciona en ambas direcciones, y aquí suele estar la verdadera sorpresa. Por regla general, el Estado no responde de las deudas de una empresa de su propiedad, ni la empresa responde de las del Estado. Existen excepciones legales limitadas, en particular la empresa del tesoro, un tipo especial de empresa unitaria cuyas deudas generan responsabilidad subsidiaria del Estado si los activos de la propia empresa son insuficientes; pero son excepciones, no la norma. Creer que basta con recurrir al tesoro estatal cuando una empresa estatal ordinaria se queda sin fondos es el error más costoso en este ámbito. Si necesita saber con precisión a qué se enfrenta, nuestro equipo especializado en demandas contra empresas bielorrusas analizará la entidad y los límites de su responsabilidad antes de que gaste un solo céntimo.

Antes de demandar: prescripción, pruebas y primeros pasos

Dos aspectos merecen su atención antes que cualquier otro; el primero es el plazo de prescripción. Conforme a la legislación bielorrusa, por regla general, un acreedor dispone de tres años para presentar una demanda. El plazo empieza a contar desde la fecha en que supo, o debería haber sabido, que se habían vulnerado sus derechos. Algunas reclamaciones están sujetas a plazos especiales, y algunos son más breves. Tres años pueden parecer mucho tiempo, pero en un litigio transfronterizo es fácil perder dos por un cambio de interlocutor en la empresa deudora y por una decisión interna de esperar a recibir un pago más. Calcule el plazo lo antes posible. Si vence, el deudor puede alegar la prescripción, y aun una reclamación con sólidos fundamentos puede perderse.

El segundo son las pruebas. Los procedimientos ante los tribunales económicos bielorrusos se basan en documentos, y el rastro documental contemporáneo —el contrato y sus anexos, los justificantes de entrega y recepción, la correspondencia, las facturas y los comprobantes de pago— suele tener más peso que cualquier alegato oral. Reúna la documentación, a ser posible en original, antes de presentar la demanda, en lugar de tener que buscarla a toda prisa después. Si la otra parte o terceros tienen documentos clave, planifique cómo obtenerlos.

Por lo general, conviene enviar un requerimiento previo bien planteado: puede impulsar el pago, dejar constancia de la reclamación y, en algunos casos, cumplir el requisito de reclamación previa antes de presentar la demanda. Pero no permita que el proceso se alargue. Si existe riesgo de que el deudor traslade o grave sus activos mientras siguen negociando, es el momento de preparar una solicitud de medidas cautelares, no de esperar a que el dinero haya desaparecido. En este caso, la rapidez y el orden de actuación también forman parte de la estrategia.

¿Se aplica realmente la inmunidad soberana?

La inmunidad soberana abarca dos conceptos distintos. La inmunidad de jurisdicción significa que no se puede demandar a un Estado por sus actos soberanos. La inmunidad de ejecución significa que no se pueden embargar bienes del Estado para satisfacer una sentencia. Ambos conceptos se refieren al Estado cuando actúa como tal.

La práctica moderna distingue casi en todas partes entre los actos jure imperii —actos soberanos, como legislar o ejercer potestades públicas— y los actos jure gestionis —actos comerciales, como adquirir mercancías o firmar un contrato de suministro—. La inmunidad se aplica a los primeros, pero no a los segundos. Una empresa estatal que negocia una entrega, deja de pagar o incumple una garantía actúa comercialmente, cualquiera que sea el criterio empleado. Por eso, en el caso habitual, no puede ampararse en la inmunidad: opera como empresa y responde como tal. En otras palabras, el criterio depende de la naturaleza del acto, no de quién lo realiza. Una entidad estatal no adquiere inmunidad por el mero hecho de pertenecer al Estado; para que un acto esté protegido debe tener carácter soberano, y un incumplimiento comercial no lo tiene. Esta distinción disipa la mayor parte de la preocupación por la inmunidad que suscitan estas reclamaciones.

La inmunidad sí entra en juego en los casos límite: cuando el demandado es la propia República de Bielorrusia o un órgano estatal que ejerce potestades públicas, o cuando se intenta ejecutar una resolución sobre bienes de carácter soberano. Demandar a un ministerio por un acto regulatorio es muy distinto de demandar a una empresa comercial estatal por una factura impagada. La clave del análisis está en mantener separados ambos supuestos; confundirlos puede generar una falsa sensación de desesperanza o de confianza. La siguiente tabla lo resume.

Las tres primeras filas corresponden a demandados comerciales ordinarios. Solo la última —el Estado cuando actúa como tal— plantea verdaderas cuestiones de inmunidad.

La disputa sobre la jurisdicción y la norma de 2023 que cambió las reglas

Si el temor a la inmunidad se desvanece, la preocupación por la jurisdicción aumenta. El foro habitual para una reclamación mercantil contra una empresa bielorrusa son los tribunales económicos: tribunales mercantiles especializados que existen en cada región y en Minsk, forman parte del sistema judicial unificado y cuyas resoluciones pueden recurrirse hasta llegar al Tribunal Supremo. Si su contrato se limita a mencionar «los tribunales de Bielorrusia», el litigio se resolverá allí.

Naturalmente, muchos contratos transfronterizos disponen lo contrario: arbitraje con sede en el extranjero, arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia (donde nuestro equipo de arbitraje representa a los clientes), o tribunales de un tercer país. Durante años, dichas cláusulas proporcionaron tranquilidad a las contrapartes extranjeras. Sin embargo, entró en vigor la Ley n.º 280-Z «Sobre la aplicación de medidas restrictivas especiales», de 12 de julio de 2023, la cual, junto con el Código de Procedimiento Económico (artículo 248), otorga a los tribunales económicos bielorrusos competencia exclusiva sobre una amplia gama de litigios vinculados a «acciones inamistosas» y personas sancionadas.

El impacto práctico es considerable. Cuando la norma resulta aplicable, una parte bielorrusa puede pedir a su tribunal económico que conozca del asunto pese a existir una cláusula de jurisdicción o arbitraje extranjero, e incluso solicitar una orden que prohíba a la otra parte iniciar o continuar procedimientos en el extranjero, similar a una medida anti-suit. También puede denegarse en Bielorrusia el reconocimiento de una sentencia o un laudo extranjeros obtenidos en contra de esa competencia exclusiva. Para un demandante extranjero, esto cambia por completo la estrategia: la cláusula en la que confiaba puede no ser eficaz y una victoria obtenida en el extranjero puede no reconocerse aquí. La norma no afecta a todos los litigios. Se aplica cuando existe un vínculo con las sanciones y las «acciones inamistosas», por lo que un desacuerdo comercial ordinario sin esos elementos quedará, por lo general, fuera de su ámbito. No se trata de dar por sentado lo peor, sino de averiguar si la norma se aplica. La aplicación de la Ley 280-Z depende de las circunstancias concretas de las partes y del litigio, y debe analizarse desde el principio. Comprobar cuanto antes si afecta a su caso es ya un paso imprescindible: puede evitarle litigar en un foro cuya decisión no surtirá efecto.

Elección del foro: tribunal económico, IAC o sede extranjera

Si todavía puede decidir dónde se resolverán los litigios —al negociar el contrato o porque la cláusula no especifica el foro o no puede hacerse valer—, la elección del foro es la decisión estratégica más importante del asunto. Hay tres opciones principales, cada una con sus ventajas e inconvenientes.

El tribunal económico bielorruso es rápido y económico, y sus sentencias se ejecutan directamente en Bielorrusia, pero es el terreno de la contraparte y puede ofrecer a la parte extranjera menos neutralidad de la que desea. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia ofrece un procedimiento más neutral y confidencial; sus laudos se ejecutan con facilidad en Bielorrusia y, conforme a la Convención de Nueva York, también en el extranjero. Un arbitraje con sede en el extranjero ofrece la máxima neutralidad y amplias posibilidades de ejecución internacional, pero, como hemos visto, es la opción más expuesta a la norma de competencia exclusiva de la Ley 280-Z cuando el litigio está vinculado a sanciones. La siguiente tabla resume las ventajas e inconvenientes.

No hay una respuesta universalmente válida, sino una opción adecuada para cada contraparte, importe de la operación y perfil de riesgo. Conviene evitar una cláusula de arbitraje con sede extranjera elegida por inercia para una operación en la que previsiblemente habrá que ejecutar contra activos situados en Bielorrusia.

De la sentencia al cobro: reconocimiento y ejecución

Ganar no es lo mismo que cobrar. Si cuenta con una sentencia de un tribunal económico bielorruso, las autoridades nacionales de ejecución la ejecutan contra los bienes del deudor en Bielorrusia. Estas autoridades son el servicio de agentes judiciales, integrado en el sistema del Ministerio de Justicia. Esta es la vía más directa, pues no hay que pasar por una fase previa de reconocimiento: se pasa directamente del título ejecutivo a su ejecución. Los agentes judiciales pueden bloquear cuentas bancarias, embargar y vender bienes, y trabar embargo sobre créditos. Con un título nacional, puede recurrir directamente a estos mecanismos, sin los retrasos e incertidumbres que afronta un título extranjero antes de poder utilizarse.

Si el título es extranjero, hay dos vías muy distintas. Bielorrusia es parte de la Convención de Nueva York, por lo que los laudos arbitrales extranjeros suelen reconocerse, salvo que concurra alguno de los motivos limitados de denegación previstos en la Convención o las consideraciones de orden público y competencia exclusiva expuestas anteriormente. Por ello, ejecutar un laudo arbitral extranjero suele ser la vía más previsible. Una sentencia de un tribunal extranjero plantea mayores dificultades: Bielorrusia las ejecuta principalmente cuando existe un tratado o una práctica consolidada de reciprocidad —los convenios de la CEI y los tratados bilaterales permiten hacerlo en muchos casos—, y el reconocimiento de una sentencia judicial extranjera puede estancarse si no existe tal fundamento. La diferencia es suficientemente importante como para tenerla en cuenta al redactar la cláusula de resolución de conflictos, antes de que surja una controversia: un laudo arbitral suele ser un título más fácil de hacer valer en distintos países.

La protección cautelar también es importante. Si existe riesgo de que se trasladen activos antes de que pueda ejecutarse la resolución, puede solicitar un embargo preventivo para preservarlos. En el caso de entidades vinculadas al Estado, ese riesgo no es meramente teórico y debe abordarse al inicio del procedimiento, no al final.

La inmunidad de ejecución: la mitad más compleja

Hasta ahora hemos dejado de lado la cuestión de la inmunidad, lo cual es correcto en la fase de jurisdicción. Sin embargo, la inmunidad cuenta con una segunda vertiente que es fácil olvidar hasta que se manifiesta: la inmunidad de ejecución. Incluso cuando un demandado carece manifiestamente de inmunidad de jurisdicción, determinados activos pueden seguir siendo difíciles o imposibles de embargar si revisten carácter soberano.

En una empresa estatal ordinaria que litiga como parte mercantil, esto rara vez impide ejecutar contra sus propios activos comerciales en Bielorrusia. Sí puede ser relevante en los casos límite a los que a veces recurre un acreedor extranjero: al intentar ejecutar sobre bienes vinculados a las funciones públicas del Estado o sobre activos estatales bielorrusos en el extranjero, donde los bienes diplomáticos, los del banco central y otras categorías protegidas pueden gozar de inmunidad de ejecución conforme a la legislación del país donde se solicita la ejecución. La lección práctica es identificar cuanto antes contra qué activos concretos se ejecutará y si su naturaleza puede dificultar el embargo. Una sentencia solo es tan eficaz como los activos sobre los que puede hacerse efectiva, y dedicar una hora a analizarlo antes de presentar la demanda vale más que discutirlo cuanto sea necesario después.

Por eso, decidir si se reclama contra la empresa o contra el Estado no es una cuestión meramente académica. Frente a los activos comerciales de la empresa, la posición es sólida; si la estrategia de cobro depende de alcanzar bienes propios del Estado, se entra en el ámbito en que sí se aplica la inmunidad de ejecución. Saber en qué situación se encuentra antes de planificar la ejecución evita muchos esfuerzos inútiles.

Recuperación realista: qué limita en la práctica el cobro

Supongamos que ha superado el obstáculo de la jurisdicción y ha obtenido un título ejecutivo. ¿Qué se interpone ahora entre usted y el cobro? Rara vez la inmunidad. Con mayor frecuencia, se trata de la realidad práctica de recuperar fondos de una entidad vinculada al Estado.

Tres cuestiones surgen una y otra vez. La primera son las prioridades concurrentes: los activos de una empresa estatal pueden estar destinados a funciones públicas, pignorados o sujetos a créditos con preferencia sobre el suyo. La segunda es la circulación de fondos entre países y el cambio de divisas: transferir dinero fuera de Bielorrusia implica cumplir las normas de control cambiario y operar con un sistema bancario que, debido a las sanciones, trata con cautela los pagos transfronterizos. La tercera es el propio régimen de sanciones: según quiénes sean las partes y la vía de pago, el cobro puede tener que estructurarse para cumplir las restricciones aplicables en ambos lados. Nada de esto hace imposible el cobro: las empresas estatales bielorrusas suelen ser grandes y contar con activos, como inmuebles, créditos y operaciones susceptibles de ejecución. Pero cobrar requiere planificación, no solo trámites documentales. Los acreedores que consiguen cobrar suelen haber trazado desde el principio una vía realista: qué activos pueden ejecutarse, quién los posee, mediante qué mecanismo y por qué canal se efectuará el pago. Quienes tienen dificultades son los que ganan primero y se plantean estas preguntas después.

La franqueza también resulta útil en este punto. En algunas reclamaciones, el cobro previsible, teniendo en cuenta el tiempo y los costes, justifica el litigio; en otras, no. Saber cuál es cuál antes de presentar la demanda vale más que cualquier formalismo procesal. Nuestro equipo especializado en el cobro de deudas a empresas estatales suele intervenir precisamente para valorar esa cuestión y actuar en consecuencia.

Cuánto cuesta la reclamación y quién paga

Conviene analizar honestamente los costes antes de presentar la demanda. Para interponer una demanda ante el tribunal económico hay que pagar por adelantado una tasa estatal calculada sobre la cuantía reclamada. Si gana, la parte perdedora puede tener que reembolsarla; en una reclamación de gran cuantía, puede ser una suma considerable. Los gastos jurídicos siguen una lógica similar: por regla general, la parte vencedora puede recuperar los gastos razonables, pero «razonable» no significa «íntegro», y reclamar esos gastos puede dar lugar a un litigio en sí mismo.

También hay que tener en cuenta el tiempo y la ejecución. Un litigio contencioso ante el tribunal económico, un posible recurso ante el Tribunal Supremo y la posterior ejecución pueden prolongarse muchos meses; el arbitraje tiene sus propios plazos y costes. Nada de esto es inusual en un litigio mercantil, pero conviene calcularlo en lugar de hacer conjeturas, pues la respuesta influye directamente en la única pregunta que, en última instancia, importa: ¿justifica el coste el cobro previsible, teniendo en cuenta el tiempo?

Comprobación de sanciones antes del cobro

Hay un análisis preliminar fundamental que corresponde hacer al principio y no al final: conocer la situación en materia de sanciones de la entidad con la que usted trata y la vía por la que cualquier fondo recuperado llegaría efectivamente a sus manos. Una empresa estatal bielorrusa puede estar incluida en uno o varios de los regímenes de sanciones de EE. UU., la UE o el Reino Unido, o ser propiedad de una persona o entidad sancionada, y dicha condición determina lo que usted puede hacer legalmente —y cómo puede efectuarse un pago de forma lícita— mucho antes de que surja cualquier cuestión de procedimiento en Bielorrusia.

Se trata de una labor de cumplimiento normativo, no de buscar una vía para eludir las restricciones. El objetivo es determinar de antemano si el cobro está permitido y qué licencias o estructuras puede requerir tanto de su parte como de la parte que paga. Así evitará obtener un laudo que no pueda cobrar legalmente o dar un paso que le exponga a otros riesgos. Si la situación no está clara, consúltela con especialistas en sanciones de la jurisdicción pertinente antes de transferir fondos. Si se incorpora desde el principio, es una precaución sensata; si se detecta al final, puede convertirse en una sorpresa costosa. Este análisis también influye en las decisiones anteriores del artículo: tanto el foro elegido como la vía de cobro deben permitir que el pago se realice legalmente. Conviene resolverlo desde el primer día, no cuando venza el pago.

Hacerlo bien antes de la disputa

Muchas de las decisiones que determinan si estos casos pueden ganarse se toman mucho antes de presentar una demanda: al negociar el contrato. La decisión más importante es la cláusula de resolución de conflictos. Dado que la Ley 280-Z puede poner en entredicho la elección de un foro extranjero y que un laudo arbitral suele poder hacerse valer en más países que una sentencia extranjera, suele ser preferible una cláusula de arbitraje bien redactada, con sede y reglas elegidas teniendo en cuenta la ejecución en Bielorrusia, a una cláusula genérica de sumisión a tribunales extranjeros. Incluya también garantías prácticas: una ley aplicable claramente definida, garantías reales o personales cuando sea posible, pagos anticipados o retenciones que reduzcan su exposición desde el principio, y la documentación necesaria para solicitar medidas cautelares con rapidez. Acordar todo esto al firmar cuesta poco; echarlo en falta después, mucho. Afrontar un litigio para el que se ha preparado es muy distinto de reaccionar sobre la marcha. Frente a una contraparte estatal, donde cobrar resulta más difícil que demostrar la responsabilidad, anticiparse vale más que en casi cualquier otro tipo de operación.

Qué significa esto para usted

Cuando surge un litigio con una empresa estatal bielorrusa, suele empezar por la cuestión de la inmunidad. La preocupación es comprensible, pero rara vez es ahí donde se ganan o se pierden estos casos. Una empresa estatal suele comparecer ante los tribunales como cualquier otra parte mercantil y, en la mayoría de los casos, la alegación de inmunidad no prospera. Hay otras dos cuestiones que merecen mucha más atención de la que suelen recibir: ¿dónde se resolverá realmente el litigio, ahora que la Ley n.º 280-Z ha cambiado las normas sobre jurisdicción? Y, una vez obtenida una sentencia o un laudo, ¿cómo se cobrará? Resolver estas cuestiones cuanto antes ofrece al acreedor algo más útil que tranquilidad: permite determinar qué debe incluirse en el contrato, qué debe comprobarse antes de presentar la demanda y qué conviene confirmar antes de invertir una suma importante. La vaga preocupación por demandar al Estado se convierte así en una serie de cuestiones concretas que pueden abordarse una por una.

Si resuelve bien esas dos cuestiones, idealmente desde la fase contractual, reclamar contra una contraparte estatal se convierte en una opción comercial viable y no en un salto al vacío. El equipo de litigación y resolución de conflictos de AMBY Legal se ocupa de estos asuntos desde la cláusula hasta el cobro: analiza la jurisdicción, obtiene y ejecuta la sentencia o el laudo, y le ofrece una valoración clara de cuánto puede recuperar realmente antes de que decida iniciar el litigio.