Cuando los progenitores se separan o se divorcian, una de las cuestiones más difíciles desde el punto de vista emocional es determinar dónde vivirán los hijos. El derecho de familia bielorruso aborda esta interrogante a través de un marco normativo específico concebido para situar los intereses del menor por encima de los deseos de cualquiera de los progenitores. Este artículo explica cómo se resuelven los litigios sobre la residencia de los hijos con arreglo al Código de Familia y Matrimonio de la República de Bielorrusia, qué pruebas examinan los tribunales y cómo se desarrolla el proceso para los progenitores (incluidos los extranjeros) cuyo caso se somete a la jurisdicción bielorrusa.
El derecho bielorruso no favorece a las madres ni favorece a los padres. Cualesquiera que sean las presunciones que los clientes traigan consigo desde su país de origen, la respuesta es idéntica. Sobre el papel, ambos progenitores inician el procedimiento con derechos idénticos.
Dicho principio se consagra en la Constitución y se encuentra plasmado en el artículo 76 del Código de Familia y Matrimonio. Madres y padres ostentan iguales derechos y obligaciones respecto a sus hijos. El divorcio no altera esta circunstancia. Los ingresos tampoco la modifican. Un progenitor que perciba el triple que el otro no entra en una sala de vistas bielorrusa con ventaja alguna.
Mientras los progenitores conviven, nada de esto reviste gran relevancia. El hijo reside donde lo hacen sus padres. Los problemas surgen cuando la unidad familiar se disuelve. Si los progenitores consiguen resolver la cuestión de mutuo acuerdo, ya sea de forma informal o mediante un Acuerdo sobre los Hijos autorizado ante notario, el Estado se mantiene al margen. Si no lo logran, uno de ellos interpone demanda y el tribunal de distrito decide.
El precepto clave es el artículo 74 del Código de Familia y Matrimonio, que compendia tres reglas en un solo artículo:
Esta última frase abre la vía a todos los procedimientos contenciosos en Bielorrusia. El tribunal no debe decidir qué progenitor «merece más», sino qué régimen de convivencia responde mejor a los intereses del menor. La distinción importa, porque el progenitor que dedica el juicio a atacar al otro suele perder credibilidad ante el tribunal.
El artículo 74 enumera a continuación los factores que el tribunal debe tener en cuenta cuando los progenitores discrepan. En la práctica, el peso de cada factor depende de la edad del menor y de la situación familiar, pero todas las resoluciones examinan los mismos criterios.
Cuidados y atención. ¿Qué progenitor se ha ocupado realmente de las tareas cotidianas? Los deberes escolares, las citas médicas, los entrenamientos deportivos y los pequeños quehaceres de cada semana. Los tribunales bielorrusos examinan lo ocurrido en los dos o tres últimos años y extraen sus conclusiones de los hechos, no de lo que ahora afirme cada progenitor. Un padre que realmente llevaba a los hijos al colegio tendrá más posibilidades que otro que solo diga haberlo hecho. Lo mismo se aplica a las madres.
Edad del menor y vínculos afectivos. En el caso de los bebés y los niños en edad preescolar, el progenitor que suele levantarse por la noche para atenderlos parte normalmente con cierta ventaja. La ley no establece una preferencia materna y hemos visto casos en los que los padres han conseguido la custodia por ser realmente los cuidadores principales. Aun así, este patrón se mantiene porque la continuidad es importante para los niños pequeños y los tribunales lo saben. Los niños mayores rara vez encajan en el mismo esquema. Cuando un menor cursa los últimos años de primaria, la valoración empieza a tener en cuenta a personas en las que quizá los progenitores no habían pensado: un primo favorito, los abuelos que viven cerca o el compañero de clase a cuyas fiestas de cumpleaños el menor ha asistido durante cuatro años seguidos. Todo ello forma parte del cuadro.
Cualidades personales de cada progenitor. Se tienen en cuenta el estilo de vida, la conducta y cualquier antecedente de comportamiento perjudicial para el menor (violencia, adicciones o antecedentes penales). Los tribunales también valoran la disposición de cada progenitor a facilitar la relación del menor con el otro, en lugar de excluirlo.
Entorno material y psicológico. En esta parte del caso se examina la propia vivienda. ¿Tiene el menor una habitación o solo un rincón en el salón de otra persona? ¿Se cobra el salario todos los meses o los ingresos son irregulares? ¿Hay tranquilidad a la hora de dormir o alguien suele gritar? La capacidad económica ayuda, pero solo hasta cierto punto. Un progenitor acomodado cuyo hogar está marcado por discusiones, relaciones inestables y rutinas imprevisibles no tiene automáticamente más posibilidades que otro que gana menos pero ofrece un hogar estable. Los jueces suelen valorar más al segundo que al primero.
Grado de desarrollo y educación. En este apartado se incluyen la implicación en la educación, el desarrollo cultural y la capacidad del menor para desenvolverse socialmente.
Una vez que el menor alcanza la edad de diez años, el derecho bielorruso impone al tribunal la obligación de tomar en consideración su opinión, salvo que ello contradiga los intereses del menor. Esto no significa que el menor decida, sino que el tribunal pondera una preferencia genuina y expresada con libertad junto con el resto de los factores.
El juez no interroga al menor. De ello se encarga la autoridad de tutela y custodia, normalmente en presencia de un psicólogo. La entrevista tiene un objetivo concreto: averiguar qué piensa realmente el menor, no qué le ha enseñado a decir uno u otro progenitor. Los funcionarios están preparados para detectar respuestas ensayadas, amenazas de perder el contacto con un abuelo querido y promesas de regalos a cambio de que el menor diga lo que se espera de él. Si la presión es evidente, el tribunal puede prescindir de lo que haya dicho el menor y decidir a partir de las demás pruebas.
En los casos más amplios, esta cuestión suele plantearse junto con el procedimiento de divorcio. Los tribunales suelen resolver ambas cuestiones conjuntamente, en una sola demanda, conforme al artículo 39 del Código.
En Bielorrusia, ningún procedimiento sobre la residencia del menor llega a sentencia sin la intervención de la autoridad de tutela y custodia. El artículo 86 establece que su participación es obligatoria, y su informe escrito es uno de los documentos más importantes del expediente.
La autoridad inspecciona las condiciones de vida de ambos progenitores. Los inspectores evalúan los espacios para el descanso, la zona de estudio, las condiciones de salubridad y la atmósfera general del hogar. Entrevistan asimismo al menor (a partir de los diez años) y, con frecuencia, conversan con el personal docente de la guardería o colegio, o con el médico de familia. Su informe se remite al órgano judicial acompañado de una conclusión sobre dónde radican los intereses del menor.
El juez no está vinculado por esa conclusión, pero debe explicar por qué se aparta de ella. Las sentencias que no tienen en cuenta las conclusiones de la autoridad de tutela sin dar explicaciones suelen revocarse en apelación. Por ello, en muchos procedimientos contenciosos también influye la impresión que cada progenitor causa al inspector.
Tratándose de asuntos internacionales, conviene advertir de la intervención de la autoridad con antelación. Los progenitores extranjeros pueden —y a menudo deben— estar representados por abogados de familia bielorrusos durante las inspecciones y entrevistas, con el fin de evitar que las barreras lingüísticas y culturales distorsionen el expediente.
La demanda sobre la residencia del menor se presenta ante el tribunal de distrito del domicilio del progenitor demandado o del lugar donde se encuentre el menor. Puede presentarse por separado o acumularse en una única demanda con las pretensiones de divorcio, alimentos y régimen de visitas.
En la primera vista, el tribunal fija el plazo para que la autoridad de tutela presente su informe y determina qué pruebas debe aportar cada parte. Entre los documentos habituales figuran referencias del trabajo y de los vecinos, historiales médicos y escolares, fotografías del espacio del menor en la vivienda y, cuando proceda, documentos que acrediten que no consta inscripción en registros de dependencia de sustancias o de trastornos psiquiátricos.
Es habitual que declaren como testigos docentes, médicos o amigos de la familia. Si el caso depende de cuestiones de apego, el tribunal puede ordenar una evaluación psicológica de la relación entre el progenitor y el menor. Algunos procedimientos que empiezan como conflictos encarnizados terminan con un acuerdo cuando ambas partes conocen el borrador de las conclusiones de la autoridad de tutela.
La sentencia final designa al progenitor con quien vivirá el menor y, en la mayoría de los casos, establece un régimen de visitas para el otro conforme al artículo 77 del Código. Cuando resulta útil, el tribunal también puede fijar alimentos en la misma resolución, lo que evita a la familia un segundo pleito. Para cuestiones relacionadas con la ejecución, consulte nuestro artículo sobre el cobro de alimentos cuando el progenitor obligado tiene ingresos irregulares.
Bielorrusia es Estado parte en el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, y los procedimientos que involucran a progenitores en distintos países se apoyan cada vez más en este instrumento. Cuando un progenitor ha trasladado al menor fuera de Bielorrusia a otra jurisdicción sin consentimiento, el Convenio canaliza la solicitud de restitución a través de las autoridades competentes del lugar de residencia habitual del menor.
Los estándares internacionales en materia de derechos de la infancia inspiran asimismo la práctica de los tribunales bielorrusos. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por Bielorrusia y se cita con regularidad en las resoluciones de familia, en particular en lo tocante al derecho del menor a ser oído.
En casi todas las consultas se reiteran determinadas convicciones que conviene despejar.
Las madres no tienen prioridad automática. Los tribunales bielorrusos no aplican la antigua presunción soviética de la «tierna edad». Los padres también pueden obtener la residencia del menor cuando las pruebas lo respaldan.
La dirección de empadronamiento no equivale a la custodia. El tribunal decide con qué progenitor vivirá el menor. Se trata de una decisión legal sobre la custodia, no de una inscripción en el registro de vivienda.
La capacidad económica no decide el caso. Un progenitor que gana diez veces más que el otro puede perder si el menor está más unido al progenitor con menos recursos y este le proporciona un entorno cotidiano mejor.
Los abuelos no pueden ser designados como las personas con quienes residirá el menor. El derecho bielorruso establece que el menor debe vivir con uno de sus progenitores, no con un familiar. Cuando ninguno de los progenitores es apto, la vía adecuada es iniciar un procedimiento de tutela.
Sí. El artículo 74 permite a los progenitores llegar a un acuerdo. Para mayor seguridad jurídica, pueden formalizarlo ante notario como Acuerdo sobre los Hijos conforme al artículo 76.1. El acuerdo es vinculante y ejecutable igual que una sentencia judicial.
A partir de los diez años. Por debajo de dicha edad, las manifestaciones del menor pueden valorarse de forma informal, pero el tribunal no tiene la obligación de recabarlas.
Sí. La práctica ordinaria exige una inspección de las condiciones de vida de cada progenitor, y la conclusión de la autoridad abarca a ambos.
Sí, siempre que los tribunales bielorrusos ostenten jurisdicción, por regla general debido a que el menor, uno de los progenitores o el matrimonio guardan conexión con Bielorrusia. Los progenitores extranjeros pueden estar representados mediante poder notarial y, en la mayoría de los supuestos, no precisan viajar para cada vista.
La ejecución corresponde al servicio de agentes judiciales conforme a las reglas generales del procedimiento de ejecución. El incumplimiento reiterado puede dar lugar a responsabilidad administrativa y, en casos graves que impliquen la ocultación o sustracción del menor, a consecuencias penales.
Los litigios sobre la residencia del menor se deciden a partir del expediente: el informe de la autoridad de tutela, las pruebas documentales y las declaraciones de testigos. Los progenitores que acuden al tribunal sin preparar adecuadamente las pruebas pueden perder casos que podrían haber ganado. Si está valorando presentar una demanda, o ya se enfrenta a una, sobre el lugar donde vivirá su hijo, nuestro equipo puede ayudarle a determinar el lugar de residencia de su hijo conforme al ordenamiento bielorruso, mediante un acuerdo voluntario, un acuerdo notarial o un procedimiento judicial contencioso.
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