En la práctica empresarial es habitual celebrar operaciones de gran magnitud. Sin embargo, las partes implicadas no siempre prestan la debida atención al procedimiento de aprobación y confían en la confianza mutua, los contratos tipo o los acuerdos internos. El incumplimiento de los requisitos establecidos para celebrar y aprobar estas operaciones puede acarrear graves consecuencias, incluida su declaración de nulidad.
Una operación de gran magnitud puede ser impugnada por los socios de la sociedad, los acreedores u otros interesados. Estas controversias suelen surgir en el contexto de conflictos societarios, procedimientos concursales, cambios de titularidad o actuaciones indebidas de los administradores. En estos casos, es crucial determinar si la operación cumple los criterios legales para considerarse de gran magnitud y si cuenta con la aprobación de los órganos competentes.
La declaración de nulidad de una operación puede obligar a restituir los activos o fondos recibidos en virtud de ella, revisar las obligaciones y afrontar pérdidas económicas y riesgos empresariales adicionales. Por ello, estructurar correctamente las operaciones desde el punto de vista jurídico y cumplir los procedimientos societarios internos es esencial para garantizar la seguridad jurídica y empresarial.
En este artículo examinaremos qué operaciones se consideran de gran magnitud, en qué circunstancias pueden impugnarse, quién está legitimado para solicitar su anulación y cómo minimizar los riesgos jurídicos.
Se considera operación de gran magnitud una operación aislada o una serie de operaciones relacionadas entre sí que suponga la adquisición, enajenación o posible enajenación de activos por un importe igual o superior al 20 % del valor total de los activos de la sociedad. Este valor se determina según los estados financieros del último periodo de información anterior a la decisión de realizar la operación.
Los estatutos de la compañía podrán estipular que la valoración de los activos para calificar una operación como de gran magnitud se base en una tasación independiente efectuada a fecha del primer día del mes en que tenga lugar la operación. En tales supuestos, el importe de la operación se contrasta con este valor tasado de los activos.
En otras palabras, si una empresa prevé, por ejemplo, comprar equipos o conceder un préstamo por un importe equivalente a una quinta parte del valor total de sus activos, deberá someter la operación a un procedimiento especial de aprobación y supervisión. Esto se debe a su posible impacto significativo en la situación financiera de la empresa y en los intereses de sus partes interesadas, como los accionistas o fundadores.
Ejemplos de operaciones de gran magnitud:
Es importante señalar que, para determinar si una operación es de gran magnitud, se tienen en cuenta sus efectos directos e indirectos sobre los activos. Esta calificación obliga a obtener la aprobación de los órganos competentes de la sociedad, como el consejo de supervisión o la junta general de socios. El incumplimiento de este requisito puede dar lugar a que la operación sea declarada nula.
Quién aprueba las operaciones de gran magnitud y cómo
El procedimiento de aprobación de una operación de gran magnitud depende de la forma jurídica de la sociedad y de su estructura de gobierno corporativo. Como regla general, una operación puede ser declarada nula si no la aprueba el órgano competente o no se sigue el procedimiento exigido.
Quién adopta la decisión
En la mayoría de los supuestos, la decisión de celebrar una operación de gran magnitud recae en:
El órgano competente para aprobarla vendrá determinado por las previsiones de los estatutos de la compañía.
La aprobación puede ser:
La aprobación previa es la fórmula más habitual, en especial cuando median riesgos financieros sustanciales.
Documentación
La aprobación debe formalizarse documentalmente. Ello puede revestir la forma de:
El documento debe especificar la naturaleza de la operación, las partes intervinientes, su valor y la decisión de aprobarla. En ciertos casos deben consignarse asimismo parámetros máximos tales como cuantía, plazo y condiciones.
Esta documentación protege tanto a la compañía como a sus socios frente a eventuales controversias jurídicas y consecuencias desfavorables.
La falta de aprobación de una operación de gran magnitud puede acarrear graves consecuencias jurídicas para la sociedad y sus contrapartes.
¿Cuándo puede declararse nula una operación?
Si una operación de gran magnitud se celebra sin la aprobación previa del órgano competente ni ratificación posterior, y se incumple el procedimiento exigido, podrá ser declarada nula. En ese caso, la operación se considerará jurídicamente ineficaz y deberán restituirse los activos o fondos transferidos en virtud del acuerdo.
Una operación puede invalidarse cuando la infracción del procedimiento de aprobación lesiona de manera sustancial los derechos e intereses legítimos de los socios de la compañía o de terceros.
¿Quién puede impugnar la operación?
Las siguientes partes pueden impugnar judicialmente una operación de gran magnitud:
Estas partes pueden interponer una demanda para que se declare nula la operación.
Existe un plazo legal de prescripción para impugnar una operación de gran magnitud, fijado por regla general en tres años a contar desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento, o debió razonablemente tener conocimiento, de la infracción. El transcurso de este plazo impide instar judicialmente la nulidad de la operación.
Por consiguiente, resulta indispensable supervisar y garantizar el cumplimiento puntual de los procedimientos de aprobación de operaciones de gran magnitud para eludir el riesgo de anulación y los consiguientes perjuicios económicos.
Práctica judicial
El análisis de la práctica judicial muestra que, al resolver controversias sobre la nulidad de operaciones de gran magnitud, los tribunales bielorrusos prestan especial atención al cumplimiento del procedimiento y a la suficiencia de las pruebas aportadas.
Ejemplos de la práctica judicial en Bielorrusia
Los tribunales han declarado nulas en repetidas ocasiones operaciones en las que las empresas no aportaron prueba de haber obtenido la debida autorización de los órganos de gobierno competentes, tales como la junta general de socios, el consejo de supervisión o el consejo de administración. A título ilustrativo, en un supuesto resuelto judicialmente, se anuló un contrato de compraventa de bienes inmuebles por haberse celebrado sin el consentimiento previo de la junta general, a pesar de que el importe de la operación superaba el 20% del activo total de la sociedad.
En los litigios sobre operaciones de gran magnitud, los tribunales exigen a los demandantes pruebas claras del perjuicio causado y del abuso de derecho. Si la sociedad o los interesados no demuestran cómo la infracción del procedimiento produjo consecuencias negativas, el tribunal puede desestimar la demanda. La mera falta de aprobación no determina automáticamente la nulidad de la operación: el tribunal también valora sus efectos sobre los derechos de los accionistas o acreedores.
Errores frecuentes cometidos por las empresas
Entre los errores societarios habituales figuran incumplir los procedimientos internos de aprobación, no levantar actas de las reuniones o formalizar incorrectamente las resoluciones. También es frecuente que las empresas omitan la valoración independiente de los activos o utilicen datos desactualizados, lo que puede servir de fundamento para impugnar la operación. Además, no notificar debidamente a los interesados aumenta el riesgo de anulación.
En síntesis, el rigor procedimental y una cuidadosa documentación constituyen factores clave para superar con éxito el escrutinio judicial y minimizar los riesgos legales.
Para mitigar el riesgo de que una operación de gran magnitud sea declarada nula, las empresas deben centrarse en el control interno y en el estricto respeto a las normas de gobierno corporativo.
Mantenimiento de la documentación interna
Una documentación precisa y la adecuada custodia de todos los registros vinculados a los procesos de adopción de decisiones resultan indispensables para proteger los intereses de la compañía. Todo el procedimiento de aprobación debe documentarse mediante actas de reuniones o resoluciones oficiales de los órganos autorizados. Tales documentos deben reflejar inequívocamente el cumplimiento de los requisitos legales, incluidos el valor de la operación, las fechas de las reuniones, los asistentes y el acuerdo adoptado.
Revisión jurídica previa a la firma
Antes de celebrar una operación de gran magnitud, conviene someterla a una revisión jurídica exhaustiva. Esta revisión permite detectar problemas de procedimiento, comprobar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable, y corregir cualquier deficiencia antes de la firma. Así se reduce considerablemente el riesgo de nulidad.
Auditoría de los procedimientos corporativos
Las revisiones periódicas de los procesos corporativos contribuyen a asegurar que se respetan todas las reglas de aprobación, que la documentación se tramita puntualmente y que los controles internos operan con eficacia. Estas auditorías detectan los puntos débiles del gobierno corporativo y ayudan a mejorar las políticas internas para reducir los riesgos de litigiosidad.
La intervención de un abogado experimentado para supervisar el proceso transaccional garantiza que todas las fases, desde la redacción de los contratos hasta la aprobación de los acuerdos, se tramiten correctamente. El letrado velará por que los contratos se ajusten a los requisitos legales e internos, facilitará las autorizaciones preceptivas y comprobará que la operación satisface todos los criterios aplicables. Con ello se reduce sensiblemente la probabilidad de incurrir en errores y controversias.
En definitiva, una gestión sistemática de las operaciones de gran magnitud y el asesoramiento jurídico oportuno son esenciales para proteger a la sociedad frente a los riesgos asociados a la declaración de nulidad de sus operaciones.
En las operaciones de gran magnitud son esenciales tanto la precisión jurídica como la experiencia práctica. El equipo de AMBY Legal ofrece asesoramiento jurídico integral para proteger a las empresas frente al riesgo de que se anulen sus operaciones y frente a controversias con contrapartes, socios u organismos reguladores.
Revisión jurídica y apoyo transaccional
Analizamos todos los aspectos jurídicos de las operaciones de gran magnitud, incluido el cumplimiento de los estatutos de la sociedad y de los procedimientos de aprobación, así como la exactitud de la documentación. Si es necesario, ofrecemos asistencia integral durante la operación, desde la redacción de contratos hasta la obtención de la aprobación definitiva del órgano competente.
Restauración de los procedimientos corporativos
Si una sociedad carece de documentos internos o estos están desactualizados, como actas, reglamentos o resoluciones, podemos ayudarle a recuperarlos y adaptar la documentación de gobierno corporativo a los requisitos legales vigentes. Nos aseguramos de que los procesos internos de toma de decisiones y aprobación sean adecuados.
Asistencia letrada en litigios
Nuestros abogados representan a clientes ante los tribunales económicos en procedimientos relativos a la nulidad de operaciones. Diseñamos estrategias jurídicas, analizamos las pruebas, participamos en las actuaciones judiciales y ofrecemos defensa letrada en todas las fases del proceso.
Consultas para socios y órganos de administración
Asesoramos a accionistas, directores y miembros de consejos de supervisión en materia de aprobación de operaciones, riesgos de responsabilidad y actuaciones a emprender en caso de controversia. Ayudamos a articular un marco interno de adopción de decisiones transparente y seguro.
Si desea tener la seguridad de que sus operaciones son legales y seguras, confíelas a profesionales con experiencia. Le ofrecemos asesoramiento jurídico fiable y protegemos su empresa.
Las operaciones de gran magnitud son una parte fundamental de la actividad societaria, pero conllevan elevados riesgos jurídicos. El incumplimiento de los procedimientos de aprobación o de las normas de gobierno corporativo, así como una documentación deficiente, puede dar lugar a la declaración de nulidad de una operación y causar pérdidas económicas importantes. Conviene recordar que estas operaciones pueden ser impugnadas no solo por los accionistas, sino también por los acreedores o las autoridades reguladoras.
Para evitar consecuencias desfavorables y proteger los intereses de su sociedad, es necesario comprobar de antemano el cumplimiento de todos los requisitos legales, implicar a los órganos de administración competentes y documentar todo debidamente y a tiempo. Un control interno eficaz y la intervención de profesionales del derecho con experiencia reducen los riesgos y contribuyen a la seguridad jurídica de su empresa.
El equipo de AMBY Legal está preparado para ofrecerle apoyo práctico en todas las fases, desde la revisión jurídica hasta la defensa ante los tribunales. Le ayudaremos a establecer una estructura societaria segura, documentar correctamente las decisiones y proteger su empresa frente a controversias. Contáctenos para solicitar una consulta y garantizar la seguridad jurídica de sus operaciones.
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