Las parejas casadas mueven dinero y bienes entre sí todo el tiempo. Un cónyuge le compra un coche al otro, le cede un apartamento, perdona un préstamo o acuerda quién se queda con qué si el matrimonio termina. En la mayoría de estas situaciones, la gente asume que, por estar casados, pueden organizar sus bienes como deseen. Bajo la ley bielorrusa, esa suposición es solo parcialmente correcta.
Bielorrusia traza una línea clara entre los bienes que los cónyuges poseen en común y los bienes que cada uno posee individualmente, y esa línea decide qué tipo de transacción es posible entre ellos. Para las parejas internacionales —donde un cónyuge es extranjero o los activos se encuentran en más de un país—, las reglas son fáciles de malinterpretar. Esta guía explica cómo funcionan realmente las transacciones entre cónyuges, qué instrumentos proporciona la ley y dónde se encuentran las trampas. Para recibir asesoramiento adaptado a su situación, nuestro equipo de derecho de familia asesora a cónyuges y futuros cónyuges, incluidos ciudadanos extranjeros.
No se pueden entender las transacciones entre cónyuges sin saber primero quién posee qué. El marco está establecido en el Código de Matrimonio y Familia, y se basa en dos categorías.
La primera es la propiedad común. Todo lo que una pareja adquiere durante el matrimonio se considera propiedad conjunta, con independencia de a nombre de quién figure el título o de quién haya ganado o pagado realmente el dinero. Ambos cónyuges tienen los mismos derechos de posesión, uso y disposición. Esta categoría es amplia: incluye los salarios y los ingresos empresariales, un coche comprado a nombre de uno de los cónyuges y los ahorros en una cuenta personal. La ley protege expresamente al cónyuge que no percibe ingresos: si uno de ellos se ocupa del hogar o cría a los hijos mientras el otro trabaja, ambos conservan los mismos derechos sobre todo lo adquirido durante el matrimonio. Este régimen solo puede modificarse mediante acuerdo.
La segunda categoría es la propiedad separada: bienes que pertenecen a un solo cónyuge. Esto abarca todo lo poseído antes de la boda, además de cualquier bien recibido durante el matrimonio como regalo o por herencia. Los artículos de uso personal como ropa y zapatos también cuentan como propiedad separada de quien los use, aunque las joyas y los bienes de lujo no. Hemos escrito por separado sobre por qué los regalos y las herencias siguen siendo personales incluso en un matrimonio largo.
Existe una salvedad importante. Un tribunal puede recalificar los bienes privativos como bienes comunes si, durante el matrimonio, se emplearon fondos comunes o fondos propios del otro cónyuge para aumentar significativamente su valor, por ejemplo, mediante una reforma importante o una reconstrucción. Una casa de campo adquirida antes del matrimonio que ambos cónyuges reconstruyen durante años con ahorros comunes puede dejar de ser privativa. El contrato matrimonial puede excluir de antemano la aplicación de esta regla.
Aquí está la disposición que sorprende a la gente. El Código permite a los cónyuges celebrar entre ellos cualquier transacción de bienes no prohibida por la ley, pero únicamente respecto de los bienes que constituyan la propiedad separada de cada uno.
Lea esto con atención, porque la limitación hace la mayor parte del trabajo. Las transacciones civiles ordinarias entre cónyuges —una compraventa, una donación, una permuta, un préstamo— son perfectamente lícitas, pero el objeto debe ser algo que el cónyuge transmitente posea en solitario. Un cónyuge puede regalar al otro un apartamento que heredó, venderle un coche que poseía antes del matrimonio o prestarle dinero que sea legalmente suyo.
Por lo general, los cónyuges no pueden «venderse» ni «donarse» bienes comunes mediante una operación ordinaria. La razón es estructural. Mientras dura el matrimonio, ambos ya son titulares de todos los bienes comunes y tienen los mismos derechos sobre ellos. Ninguno posee una mitad indivisa que pueda vender al otro: esas cuotas solo existen cuando se divide el patrimonio. Por tanto, si una pareja quiere que un bien deje de ser común y pase a ser propiedad exclusiva de uno de los cónyuges, un contrato de compraventa ordinario no es el instrumento adecuado. Deben recurrir a alguno de los instrumentos de derecho de familia previstos en el Código.
El instrumento más eficaz es el contrato matrimonial. Puede firmarlo una pareja que vaya a casarse o unos cónyuges ya casados, en cualquier momento, y permite adaptar las reglas patrimoniales generales a sus circunstancias. Si se firma antes de la boda, entra en vigor el día en que se inscribe el matrimonio; si lo firman cónyuges ya casados, entra en vigor al otorgarse ante notario, aunque las cláusulas relativas a bienes inmuebles solo surten efecto una vez inscritas.
Un contrato matrimonial puede regular muchos aspectos. Puede sustituir por completo el régimen de bienes comunes, convirtiéndolo en un régimen de copropiedad con porcentajes definidos o en un régimen de bienes privativos para determinados bienes o para todos. También puede establecer de antemano cómo se dividirá el patrimonio si termina el matrimonio, determinar qué bienes corresponderán a cada cónyuge tras el divorcio y asignar la responsabilidad por determinadas deudas. Asimismo, puede regular las obligaciones de alimentos entre los cónyuges, excluir la aplicación de la regla sobre el aumento de valor descrita anteriormente e incluir bienes que aún no existen, pero que se adquirirán en el futuro. Sus cláusulas pueden estar sujetas a un plazo o a condiciones.
Existen límites estrictos. El contrato matrimonial no puede restringir la capacidad jurídica de un cónyuge, situarlo en una posición manifiestamente desfavorable ni dejar sin efecto las normas imperativas que protegen a los menores o a terceros. Por ejemplo, no se aplicaría una cláusula que privara a un cónyuge de todos sus bienes en caso de infidelidad. Una vez firmado, el contrato vincula a ambos: ninguno puede apartarse de él unilateralmente, aunque pueden modificarlo o ponerle fin de común acuerdo, o solicitar la intervención de un tribunal si las circunstancias han cambiado de forma sustancial.
Las parejas que no desean un contrato matrimonial completo aún pueden tratar activos específicos a través de un acuerdo de división de bienes conjuntos. Este se puede celebrar mientras continúa el matrimonio o después de que este finaliza, y es la forma estándar de convertir activos de propiedad conjunta en propiedad separada.
Cuando se dividen los bienes conjuntos, la presunción inicial es que las cuotas de los cónyuges son iguales. Un tribunal puede apartarse de la igualdad —para proteger a los hijos menores, o cuando un cónyuge despilfarró activos conjuntos o evitó trabajar—, pero un acuerdo de división amistoso permite a la pareja fijar el reparto por sí misma. Cuando un cónyuge recibe más de su parte, el acuerdo puede prever un pago en efectivo para equilibrar la diferencia.
Hay dos aspectos prácticos importantes. En primer lugar, el acuerdo de división, al igual que el contrato matrimonial, debe otorgarse ante notario para ser válido. En segundo lugar, el plazo tiene un límite: tras el divorcio, la acción para dividir los bienes comunes debe ejercerse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que el cónyuge supo o debió saber que se estaba vulnerando su derecho, y no desde la fecha del divorcio. Las disputas sobre la vivienda familiar son frecuentes; en nuestro artículo sobre qué ocurre con la vivienda familiar en caso de divorcio encontrará más detalles.
No todas las operaciones entre cónyuges se refieren a bienes materiales. El Código obliga a los cónyuges a prestarse apoyo económico, y esta obligación puede subsistir tras el matrimonio en determinados casos: si la esposa está embarazada, si un cónyuge cuida de un hijo pequeño o con discapacidad, o si ha quedado incapacitado para trabajar.
Los cónyuges pueden regular estas obligaciones mediante un acuerdo, en lugar de dejar que las determine un tribunal. El contrato matrimonial puede establecer las condiciones de la pensión entre ellos. Si hay hijos, los progenitores pueden firmar un acuerdo específico sobre la pensión alimenticia, que podrá ejecutarse a través del servicio de ejecución si se incumple y no podrá fijar una pensión inferior al mínimo legal. Si desea conocer las cantidades aplicables, explicamos cómo se calcula la pensión alimenticia en otro artículo.
Muchas operaciones entre cónyuges dependen de cumplir las formalidades. Los acuerdos de derecho de familia descritos anteriormente —el contrato matrimonial, el acuerdo de división y los acuerdos sobre hijos y alimentos— comparten un requisito esencial: deben constar por escrito y otorgarse ante notario. La intervención notarial no es un mero trámite. Ambos cónyuges deben comparecer personalmente ante el notario; en particular, el contrato matrimonial no puede firmarse por medio de un representante con poder. La Cámara Notarial de Bielorrusia supervisa a los notarios que realizan esta labor en todo el país.
Los bienes inmuebles añaden otro requisito. El contrato matrimonial o el acuerdo de división que determine la titularidad o división de un inmueble también debe inscribirse en el organismo territorial encargado del registro estatal de bienes inmuebles. Hasta que se complete ese trámite, el cambio de titularidad no surtirá efectos frente a terceros: el documento otorgado ante notario, por sí solo, no modifica la titularidad inscrita. Tanto el sistema notarial como el registro civil están bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, que también administra las oficinas del registro civil donde se inscriben los matrimonios.
Como las operaciones entre cónyuges pueden apartar bienes del alcance de los acreedores, tanto la ley como estos últimos las vigilan de cerca. Por regla general, un acreedor de uno de los cónyuges solo puede perseguir los bienes propios de este y su participación en los bienes comunes. Sin embargo, si un tribunal determina que el préstamo contraído por un cónyuge se destinó en realidad a toda la familia, los bienes comunes de la pareja pueden quedar expuestos a la ejecución. Por eso, una transmisión apresurada de bienes entre cónyuges cuando uno de ellos atraviesa dificultades financieras es arriesgada: puede impugnarse por perjudicar a los acreedores y quedar sin efecto.
La nulidad también supone un riesgo real. Un tribunal puede declarar nulo, total o parcialmente, un contrato matrimonial u otro acuerdo entre cónyuges si infringe la ley, se firmó bajo presión o mediante engaño, intervino una persona sin capacidad jurídica o vulnera los derechos de menores o terceros. Un acuerdo que hoy parece conveniente servirá de poco si después se impugna con éxito; por eso, es importante cuidar tanto su redacción como su firma.
Para las parejas internacionales, la situación es aún más compleja. Un contrato matrimonial bielorruso puede abarcar bienes situados en el extranjero, pero los inmuebles ubicados en otro país se rigen por la ley de ese país; por ello, suele ser preferible regular un piso en Varsovia o Dubái mediante un instrumento separado en ese lugar. Si los cónyuges tienen nacionalidades distintas, un contrato válido en Bielorrusia puede no encajar bien con el régimen económico matrimonial del país de origen del otro cónyuge. En estas situaciones, el asesoramiento coordinado en ambas jurisdicciones ayuda a evitar que un documento sea ejecutable en un país e ineficaz en el otro.
Sí, si el apartamento es un bien privativo de ese cónyuge, por ejemplo, porque lo adquirió antes del matrimonio o lo heredó. Si el apartamento es un bien común, una donación ordinaria no es la vía adecuada; primero habría que cambiar su régimen mediante un contrato matrimonial o un acuerdo de división.
Depende del objetivo. El acuerdo de división regula bienes concretos que ya existen. El contrato matrimonial puede modificar todo el régimen patrimonial, incluir bienes futuros y regular también los alimentos y las deudas. Muchas parejas utilizan uno de estos instrumentos; algunas, ambos.
Los acuerdos de derecho de familia —contratos matrimoniales, acuerdos de división y acuerdos sobre hijos y alimentos— deben otorgarse ante notario para ser válidos. Las operaciones civiles ordinarias sobre bienes privativos se rigen por las reglas aplicables a cada tipo de operación; si se trata de inmuebles, también se requiere su otorgamiento ante notario e inscripción.
Sí. Ambos cónyuges pueden modificarlo o extinguirlo en cualquier momento de mutuo acuerdo, con las mismas formalidades notariales que el original. Ninguno puede modificarlo ni cancelarlo unilateralmente. Si las circunstancias cambian de forma sustancial y no llegan a un acuerdo, cualquiera de los cónyuges puede solicitar a un tribunal que modifique o extinga el contrato.
Sí, siempre que el matrimonio esté reconocido. Por lo general, necesitará el documento acreditativo del matrimonio extranjero con apostilla o legalización y una traducción jurada. Los inmuebles situados en el extranjero, sin embargo, suelen regirse por la ley del lugar donde se encuentran.
Pueden reestructurar la propiedad entre ustedes, pero una transacción diseñada para poner los activos fuera del alcance de un acreedor puede ser impugnada y anulada. La planificación legítima y la protección de activos en vísperas de la insolvencia se tratan de manera muy diferente.
Sí. Los cónyuges divorciados generalmente disponen de tres años para interponer una demanda de división, contados a partir de cuando supieron o debieron saber que sus derechos estaban siendo vulnerados, lo cual no siempre coincide con la fecha del divorcio.
Las operaciones entre cónyuges parecen sencillas hasta que surgen problemas con los detalles. La diferencia entre los bienes comunes y los privativos, los trámites notariales y registrales, el plazo de tres años y los aspectos transfronterizos determinan si un acuerdo será válido y eficaz. Elegir el instrumento adecuado desde el principio cuesta mucho menos que litigar después.
Nuestros abogados asesoran a cónyuges y a parejas que planean casarse sobre todas estas opciones, desde la reorganización de la titularidad hasta la protección de una empresa o de bienes adquiridos antes del matrimonio. Si está considerando redactar un contrato matrimonial o dividir bienes de mutuo acuerdo, podemos evaluar su situación, explicarle qué acuerdos reconoce y cuáles no ejecutará la legislación bielorrusa y preparar documentos sólidos, también para parejas internacionales con bienes en varios países. Póngase en contacto con nosotros para hablar de su situación con total confidencialidad.
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