Imagine una situación en la que la mayoría de nuestros clientes extranjeros se ha encontrado al menos una vez: tiene un comprador bielorruso, un contrato de suministro con entregas periódicas y tres envíos que se han desarrollado sin incidencias. Llega el cuarto, el comprador detecta un problema de calidad (o afirma haberlo detectado), retiene el pago de dicho lote y, de paso, solicita un descuento retroactivo en el siguiente pedido. No se trata de importes desorbitados, pero la relación comercial es valiosa y genera unos ingresos que preferiría no perder.
Su asesoría jurídica interna en Fráncfort o Milán debe decidir qué camino tomar: ¿requerimiento de pago y procedimiento monitorio?, ¿arbitraje?, ¿o ponerse en contacto con la contraparte y proponer sentarse primero con un mediador?
Recibimos alguna variante de esta consulta casi todas las semanas. Y la respuesta sincera se ha vuelto más compleja desde enero de 2026, cuando entró en vigor el nuevo Código de Justicia Civil (CCLP), que fusionó el antiguo Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Económico en un solo texto normativo. El régimen de la mediación sobrevivió a la reforma prácticamente intacto, pero algunos aspectos de su entorno han cambiado. El artículo 165 del CCLP contempla ahora la negociación asistida por letrado como un mecanismo prejudicial formal; no es exactamente una mediación, pero figura a su lado en el catálogo de herramientas procesales. Entretanto, el régimen de suspensión de ejecuciones posterior a abril de 2022 sigue condicionando cualquier decisión sobre resolución de controversias a la que se enfrente un demandante extranjero en Bielorrusia.
A continuación, ofrecemos una respuesta eminentemente práctica: ¿cuándo resulta realmente eficaz la mediación en Bielorrusia?, ¿cómo se desarrolla el procedimiento de principio a fin?, y ¿puede confiar en una cláusula de mediación en su contrato en lugar de una cláusula arbitral?
Respuesta corta a esto último: no debería. Sin embargo, hay una explicación más detallada que merece la pena conocer.
Si desea una comparativa entre la IAC de la BelCCI y los Tribunales Económicos de Bielorrusia —las dos instancias que dictan resoluciones vinculantes—, ya la abordamos de forma independiente a principios de año en nuestro artículo sobre arbitraje frente a tribunales. Considere este análisis como el tercer vértice del mismo triángulo.
La mediación comercial en Bielorrusia se remonta a la Ley de Mediación de 2013. Esta norma instauró un procedimiento reconocido para conflictos económicos, laborales y de familia. ¿Asuntos penales y administrativos? Quedaron excluidos y siguen estándolo. Desde entonces, varios países europeos han ampliado la mediación a esos ámbitos; Bielorrusia no ha seguido ese camino.
Tres aspectos del marco actual revisten especial importancia para cualquiera que negocie un contrato transfronterizo.
En primer lugar: es un procedimiento enteramente voluntario. No existe ningún requisito previo de mediación obligatoria antes de interponer una demanda. Italia cuenta con uno; Macedonia del Norte ha experimentado con él; Bielorrusia, no. El CCLP tampoco lo ha incorporado. Un juez puede recomendar la mediación, pero no puede imponerla.
En segundo lugar: los mediadores están debidamente habilitados. El Ministerio de Justicia gestiona un registro oficial. Hacia 2018 el censo rondaba los 580 profesionales y la cifra ha crecido desde entonces —no disponemos del número exacto actual porque el Ministerio no publica totales anuales en un formato accesible para la prensa (si alguien del Ministerio lee esto, le agradeceríamos que lo hiciera)—. Algunos mediadores ejercen de forma independiente, mientras que otros forman parte de paneles institucionales. La IAC de la BelCCI dispone de su propia lista de mediadores para procedimientos vinculados al arbitraje.
En tercer lugar —y este es el punto que genera más confusiones—, el resultado de una mediación es un contrato entre las partes. No es una sentencia judicial. No es un laudo arbitral. Es un contrato. Esto implica que no puede ejecutarse directamente a través del servicio de ejecución a menos que se adopten medidas adicionales para transformarlo en un título que un funcionario de ejecución pueda hacer cumplir. Más adelante detallaremos su mecánica, ya que este aspecto explica la mayoría de los supuestos en los que la mediación comercial no cumple las expectativas.
Un dato adicional que debe figurar en el apartado sobre el marco legal, aunque la mayoría de los análisis lo pasen por alto: Bielorrusia no ha suscrito la Convención de Singapur sobre la Mediación (el tratado de las Naciones Unidas de 2018 que articula una ejecución simplificada para acuerdos transfronterizos de mediación en los Estados signatarios). Tampoco hay indicios de que forme parte de la agenda legislativa a corto plazo. Por tanto, si alcanza un acuerdo de mediación en Minsk y su contraparte lo incumple posteriormente, no podrá presentar dicho acuerdo ante un tribunal de Hamburgo o Milán para ejecutarlo del mismo modo que ejecutaría un laudo arbitral al amparo de la Convención de Nueva York: tendría que interponer una demanda por incumplimiento contractual. Tenga esto presente, ya que resultará decisivo más adelante.
Para quien desee consultar el texto normativo, la Ley de Mediación, el CCLP y las resoluciones pertinentes del Consejo de Ministros se encuentran disponibles en pravo.by, el portal oficial de información jurídica.
Cómo se inicia la mediación. Existen dos vías: las partes pueden acudir a mediación en virtud de una cláusula incluida previamente en el contrato o de un convenio independiente suscrito tras surgir el conflicto; también puede remitir el asunto a mediación un tribunal que ya conoce de él, a petición de ambas partes. Cualquiera que sea la vía, el compromiso de someterse a mediación debe constar por escrito e identificar la controversia, el mediador o la institución designadora, el idioma y un plazo límite. Los acuerdos ambiguos («las partes procurarán resolver sus disputas mediante mediación») resultan prácticamente inútiles si la situación se complica con posterioridad.
Designación del mediador. Se elige a partir del registro del Ministerio de Justicia o del elenco de una institución. He aquí una recomendación práctica que solemos dar a nuestros clientes: si la controversia entraña cierta complejidad técnica —defectos en la construcción, entregables de software, instrumentos bancarios—, escoja a alguien que conozca a fondo la materia. Un mediador generalista es adecuado para reclamaciones de pago ordinarias; ante supuestos más complejos, la especialización temática marca la diferencia entre una primera sesión productiva y una educada pérdida de tiempo para todos. La Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia publica la lista de la IAC para mediaciones vinculadas a procedimientos de arbitraje.
Confidencialidad. Tiene rango legal y no meramente programático. Cualquier dato revelado durante la mediación no podrá aportarse como prueba si las partes acaban litigando posteriormente en sede judicial o arbitral. El mediador queda vinculado; los letrados y representantes, también. En comparación con los Tribunales Económicos —donde las vistas son públicas y las resoluciones pasan a formar parte del registro público—, se trata de una diferencia fundamental para operaciones que involucren estructuras de precios confidenciales, propiedad intelectual o información sensible que no desearía que un competidor consultara en un expediente judicial accesible al público.
Duración del proceso. Oscila entre un par de semanas y unos tres meses, según la complejidad y el calendario de las partes. Una ventaja que a menudo se subestima: el inicio de la mediación suspende el plazo de prescripción de la pretensión de fondo. Esto resulta crucial: sin dicha previsión legal, un demandado de mala fe podría proponer una mediación con el único fin de dejar que prescribiera la acción; con ella, ninguna de las partes sufre perjuicio procesal alguno por intentar un acuerdo.
Costes aplicables. Los honorarios del mediador se pactan libremente con las partes o vienen fijados por los aranceles de la institución correspondiente. Para controversias de cuantía intermedia —pongamos de 50.000 € a 500.000 € en litigio—, el coste total de la mediación se sitúa notablemente por debajo tanto de la tasa arbitral progresiva de la IAC como de la tasa judicial del 5 % que exigen los Tribunales Económicos. Resulta la opción más económica de las tres vías. La comparación de costes resulta menos clara en los extremos: reclamaciones de cuantía muy reducida (donde incluso los honorarios del mediador pueden parecer desproporcionados) y litigios de importes muy elevados (donde las tarifas porcentuales aumentan de forma distinta). Analizamos en profundidad el desglose de costes en nuestra página sobre negociación transaccional y mediación.
El documento que se obtiene al concluir. Ambas partes plasman por escrito los términos convenidos, lo firman y formalizan un acuerdo de mediación. Aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente interesante —o desalentador, según el punto de vista—.
Si la mediación se ha desarrollado paralelamente a un procedimiento judicial ya en curso, puede someterse el acuerdo a homologación judicial como transacción. El tribunal dicta la correspondiente resolución, que puede ser ejecutada por los funcionarios de ejecución, y con ello queda resuelto el trámite: una vía directa y expedita.
Si no existía litigio judicial pendiente —el supuesto más habitual cuando se acude a mediación en una fase temprana, que es precisamente cuando mejor funciona—, el trámite resulta menos directo. Cabe elevar el acuerdo a escritura pública notarial, lo que habilita el procedimiento de ejecución notarial para obligaciones dinerarias; cabe limitarse a cumplir lo pactado de forma voluntaria (y en la mayoría de las mediaciones exitosas sucede exactamente eso: ambas partes cumplen sus compromisos porque el interés mutuo era alcanzar dicho acuerdo); o, en caso de incumplimiento sobrevenido, instar una acción por incumplimiento contractual y litigar en vía judicial o arbitral.
Esa diferencia —entre «hemos llegado a un acuerdo» y «disponemos de un título que un funcionario de ejecución puede hacer cumplir»— es el aspecto que la mayor parte de las publicaciones en inglés sobre la mediación en Bielorrusia pasa por alto. Y no debería obviarse: explica prácticamente todo lo relativo a cuándo la mediación resulta idónea y cuándo no.
Comencemos analizando lo que reflejan los datos empíricos, ya que las estadísticas son mucho más transparentes que los folletos promocionales.
Conflictos de familia: aproximadamente entre el 80 y el 85 % de las mediaciones concluye con un acuerdo formal suscrito. Se trata de un índice de éxito notable y plenamente comprensible: las partes mantienen vínculos continuados (hijos comunes, patrimonio compartido), la carga emocional es alta pero los intereses a menudo coinciden, y la confidencialidad reviste un valor capital.
Litigios comerciales: el escenario es muy distinto. Bielorrusia no publica datos consolidados detallados sobre los resultados de la mediación comercial, pero las comparativas regionales resultan muy elocuentes. Macedonia del Norte implantó una primera sesión de mediación preceptiva para reclamaciones mercantiles inferiores a unos 16.000 € y realizó un seguimiento estadístico: ¿tasa de acuerdos satisfactorios? En torno al 11 %. Y no el 11 % de los casos que agotaron un procedimiento íntegro de mediación, sino el 11 % del total de asuntos sometidos a esa sesión inicial. Las cifras de otros ordenamientos del espacio postsoviético y del sureste europeo arrojan porcentajes muy similares. La mediación familiar funciona de manera generalizada; la mediación comercial funciona de manera selectiva. Pretender lo contrario no ayuda a nadie a planificar.
¿Cómo se traduce esa eficacia «selectiva» en la práctica? En los asuntos que tramita nuestro despacho se repiten con claridad cuatro patrones.
Las relaciones comerciales continuadas de suministro, distribución o licencias constituyen el ámbito propicio por excelencia. Cuando ambas partes son conscientes de que romper la relación les resultará más gravoso que resolver el litigio, la mediación despliega una fuerza natural indiscutible: ninguna necesita que el mediador le fuerce la voluntad; necesitan que les ayude a articular la redacción jurídica de un acuerdo que ambas desean de antemano.
Las controversias sobre calidad o cumplimiento parcial en las que los hechos sustantivos no son objeto de discusión seria también suelen solucionarse satisfactoriamente. El comprador recibió las mercancías, estas presentan ciertas discrepancias y la discusión radica en qué ajuste comercial corresponde aplicar: una nota de abono, una remesa de sustitución o un calendario de entregas reformulado. Se trata de un problema de negociación y no de prueba de hechos, y un mediador cualificado puede aportar un valor incuestionable.
Los conflictos contractuales en materia de tecnología (IT) y propiedad intelectual representan una tercera categoría idónea, en particular cuando la solución exige que ambas partes sigan cooperando en el futuro: traspaso de código fuente, servicios de transición operativa o modificaciones de licencias son prestaciones que un tribunal puede ordenar, pero que difícilmente puede hacer operativas en la práctica. La buena fe de las partes constituye el verdadero mecanismo de cumplimiento: la mediación genera cooperación; el litigio la aniquila.
Por último, cualquier conflicto societario entre socios o en acuerdos de «joint venture» donde ambas partes se verían gravemente perjudicadas por la publicidad del proceso. Hemos intervenido en supuestos multijurisdiccionales en los que ninguna de las partes podía asumir el desgaste reputacional que suponía una vista judicial abierta en ningún país, convirtiéndose la mediación en la única vía viable precisamente por ese motivo.
Veamos ahora la otra cara de la moneda: ¿en qué casos fracasa la mediación?
La reclamación de impagados es el supuesto más claro. Su contraparte le adeuda dinero, no responde a los requerimientos y puede encontrarse al borde de la insolvencia: no hay interlocutor real con quien mediar. El procedimiento monitorio ante los Tribunales Económicos —que tramita una reclamación documentalmente acreditada y no impugnada en cuestión de semanas— es más rápido y genera un título que un funcionario de ejecución puede ejecutar directamente. La mediación constituye en estos casos un instrumento inadecuado, sin matices.
Los supuestos en los que se requiere un título ejecutivo inmediato también descartan de plano la mediación. Si existe riesgo de alzamiento o disipación de activos, o si resulta urgente paralizar una determinada conducta, se precisa un mandamiento judicial o una medida cautelar dictada por un tribunal arbitral. La mediación no puede proveer ninguna de esas medidas.
Imputaciones de fraude. Jamás hemos presenciado el éxito de una mediación cuando una de las partes está convencida de que la otra ha actuado de forma fraudulenta: la parte que alega el fraude no transigirá sobre su pretensión y la parte acusada no reconocerá los hechos. La dinámica resulta intrínsecamente contradictoria y antagónica, de un modo que ningún mediador puede conciliar.
Y surge además el problema de la ejecución transfronteriza: si la finalidad última de obtener una resolución es ejecutarla en su propia jurisdicción de origen —por ejemplo, contra activos que la contraparte bielorrusa ostente en Alemania o los Emiratos Árabes Unidos—, un laudo arbitral dictado al amparo de la Convención de Nueva York le otorga un título reconocido en más de 170 Estados. Un acuerdo de mediación bielorruso le otorga únicamente un contrato. La diferencia práctica es determinante.
Elaboramos esta comparativa para uso interno en el despacho. Es la herramienta que consultamos en las reuniones preliminares cuando un cliente nos solicita contrastar las distintas alternativas.
| Criterio | Mediación | Arbitraje en la IAC de la BelCCI | Tribunales Económicos de Bielorrusia |
|---|---|---|---|
| Quién decide | Facilitador neutral; sin resolución vinculante | Árbitros elegidos por las partes | Juez asignado por reparto judicial |
| Resolución o título obtenido | Acuerdo de mediación (naturaleza contractual) | Laudo definitivo y vinculante | Sentencia judicial; recurrible en casación y mediante revisión en vía de supervisión |
| Confidencialidad | Amparada por ley; protegidos tanto el proceso como el acuerdo | Vistas a puerta cerrada; deber estricto de confidencialidad | Vistas públicas; las sentencias constan en registro público |
| Duración estimada | De semanas a ~3 meses | ~3 meses en litigios nacionales / ~6 meses transfronterizos | 2–7 meses en primera instancia + apelaciones; procedimiento monitorio: semanas |
| Costes y honorarios | La más económica para cuantías intermedias | Tasa progresiva a partir de ~700 € | Tasa judicial del 5 % de la cuantía (con límites máximos) |
| Ejecución en Bielorrusia | Indirecta: homologación judicial, intervención notarial o demanda por incumplimiento contractual | Directa: el Tribunal Económico expide el mandamiento ejecutivo | Directa |
| Ejecución en el extranjero | Limitada: sin cobertura de la Convención de Singapur | Muy sólida: Convención de Nueva York, más de 170 Estados | Limitada: sujeta a convenios bilaterales o reciprocidad |
| ¿Puede una parte abandonar el proceso antes de que concluya? | Sí, en cualquier momento | No; vinculante una vez iniciado | No; jurisdicción obligatoria |
| Preservación de la relación comercial | Alta | Moderada | Baja |
Si desea resumir esto en una frase por cada opción: la mediación es la alternativa más económica y favorable para preservar las relaciones, pero cualquiera de las partes puede retirarse sin alcanzar un resultado. El arbitraje proporciona el título más sólido con ejecución internacional. La vía judicial ordinaria ofrece el camino más directo para obtener la ejecución por un funcionario de ejecución cuando tanto el demandado como sus bienes se encuentran en Bielorrusia.
¿Cuál de estas premisas es prioritaria para su operación? Esa es la clave al elegir la vía de resolución de controversias, reducida a lo esencial.
Seremos concisos en este punto, ya que lo tratamos con detalle en nuestro artículo sobre arbitraje frente a tribunales y en nuestras páginas de práctica profesional dedicadas al reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras y de laudos arbitrales extranjeros.
La conclusión fundamental: desde abril de 2022, Bielorrusia mantiene suspendida la ejecución de resoluciones a favor de residentes de Estados considerados «no amistosos» (países de la UE, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia, entre otros; una lista que el Consejo de Ministros actualiza de forma periódica).
¿De qué forma afecta esto específicamente a la mediación? En realidad, mucho menos de lo que podría pensarse. Los acuerdos de mediación no se canalizan a través del régimen de reconocimiento de resoluciones extranjeras: son contratos de derecho interno y no laudos extranjeros sometidos a exequátur en Bielorrusia. Un acuerdo transaccional suscrito en Minsk entre un proveedor alemán y un comprador bielorruso constituye, en principio, un contrato regido por el derecho bielorruso. Simplemente se cumple o no se cumple. Si no se produce el cumplimiento voluntario, la vía de ejecución discurre por la instancia de resolución de controversias designada en el contrato originario, lo que nos devuelve directamente a si existe o no una cláusula arbitral como respaldo de la cláusula de mediación.
En conclusión: el régimen de suspensión no resta eficacia a la mediación como paso previo, pero hace que la ausencia de una cláusula arbitral bien estructurada como respaldo resulte sustancialmente más peligrosa.
No. Y lo afirmamos como despacho que asume con regularidad la defensa y representación de clientes en procesos de mediación y que reconoce su innegable utilidad en los supuestos oportunos.
Este es el problema: un contrato que estipule que «todas las controversias se resolverán mediante mediación» sin ninguna previsión adicional deja a ambas partes en una situación de grave desprotección. Si la mediación fracasa —y en el ámbito mercantil el fracaso es estadísticamente el desenlace más probable—, no existirá una cláusula arbitral a la que recurrir. El litigio quedará entonces sometido por defecto a los Tribunales Económicos de Bielorrusia conforme a las reglas generales de competencia. Para un demandante extranjero, esa jurisdicción por defecto casi nunca coincide con la sede que habría elegido si, al momento de la firma, se le hubieran expuesto con detenimiento las opciones disponibles.
La solución eficaz reside en una cláusula escalonada de resolución de controversias. Redactamos este tipo de cláusulas de forma habitual. Su estructura básica se articula del siguiente modo: en primer lugar, una fase de negociación obligatoria entre directivos con poderes de decisión comercial, sujeta a un plazo estricto (suele fijarse entre 14 y 30 días); en segundo lugar, la mediación, identificando la institución encargada de designar al mediador y fijando un plazo (de 30 a 60 días desde la notificación); y en tercer lugar, el arbitraje —ante la IAC de la BelCCI o en la sede que exija la operación— si la mediación no ha fructificado en un acuerdo dentro del plazo fijado.
Ese es el esquema estructural. Los detalles de redacción son los que determinan el éxito o el fracaso de la cláusula.
Es imprescindible fijar plazos preclusivos en cada fase. Sin ellos, una parte a la que beneficie la dilación puede permanecer en una supuesta «negociación» por tiempo indefinido e impedir que se alcance la vía vinculante. Hemos presenciado esta situación en la práctica y resulta sumamente perjudicial.
Identifique de forma expresa la institución designadora del mediador. Estipular que «las partes procurarán someterse a mediación» es una mera declaración de intenciones, no una cláusula jurídica operativa. Indicar «mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la CCI» o «mediación administrada por la IAC de la BelCCI» sí constituye una cláusula efectiva. La distinción es trascendental si una parte alega con posterioridad que el trámite de mediación no se activó conforme a derecho.
Valore detenidamente si la fase de mediación debe configurarse como condición previa indispensable para acudir al arbitraje o simplemente como un paso recomendado. Si se redacta con acierto, una condición previa otorga a ambas partes margen para alcanzar un acuerdo; si se redacta de forma defectuosa, se convierte en un arma procesal con la que el demandado alegará que el demandante no cumplió «adecuadamente» la mediación, impugnando la competencia del tribunal arbitral. Por lo general, aconsejamos articular la mediación como una obligación flexible que deje de ser exigible al vencer un plazo determinado, antes que como una condición previa estricta, si bien ello dependerá de la dinámica comercial de cada operación.
Estipule expresamente las garantías de confidencialidad y la protección que impide utilizar las declaraciones y ofertas formuladas durante la negociación en perjuicio de quien las haya realizado en un procedimiento posterior. La legislación bielorrusa reconoce por ley la confidencialidad de la mediación, lo cual resulta positivo; no obstante, depender exclusivamente de la ley cuando puede reforzarse esa protección contractualmente supone desaprovechar una oportunidad, en especial en contratos transfronterizos donde los asesores de la parte extranjera pueden no estar familiarizados con las garantías legales bielorrusas y querrán verlas recogidas en el propio contrato.
Nuestro equipo de derecho contractual redacta y revisa estas estipulaciones para clientes extranjeros que celebran contratos con partes bielorrusas. Y nuestra práctica de resolución de controversias interviene cuando surge una controversia que pone a prueba la cláusula: ambas áreas de trabajo están concebidas para operar de manera plenamente coordinada.
Utilizamos este cuestionario internamente en nuestro despacho. Analícelas en este orden: la primera que le ofrezca una respuesta inequívoca suele indicar la solución acertada.
1. ¿Tiene la relación comercial más valor que esta disputa concreta? Si la respuesta es claramente afirmativa, plantee la mediación como primera opción. Si la respuesta es netamente negativa —no volverá a contratar con esa contraparte y su único objetivo es recuperar el dinero—, descártela por completo.
2. ¿Se encuentra la otra parte localizable y dispuesta a negociar? La mediación exige la concurrencia voluntaria de ambas partes. Si la contraparte ha dejado de responder, adopta una actitud evasiva o avanza claramente hacia la insolvencia, la mediación es una pérdida de tiempo: acuda directamente al procedimiento monitorio o al arbitraje.
3. ¿Precisa un título ejecutivo de inmediato? Embargo de activos, medidas cautelares de paralización, órdenes de aseguramiento: la mediación no puede proveer ninguna de estas resoluciones. Si la urgencia es el factor determinante, debe acudir a los tribunales o a un tribunal arbitral.
4. ¿Dónde tendrá que ejecutar la resolución final? Si la ejecución se llevará a cabo principalmente en Bielorrusia, una mediación respaldada por arbitraje conforma una combinación sumamente eficaz. Si fuera necesario ejecutar en el extranjero, la vía arbitral asumirá prácticamente todo el peso jurídico: la mediación es un primer paso conveniente, pero no el mecanismo principal.
5. ¿El conflicto versa sobre los hechos acaecidos o sobre cómo resolver la situación? La mediación sobresale en definir «qué hacer al respecto»: adaptaciones comerciales, acuerdos con visión de futuro y reestructuración de plazos. Resulta mucho menos eficaz ante discrepancias sobre «qué ocurrió», especialmente si una de las partes imputa a la otra haber actuado de mala fe.
No. La mediación es un procedimiento estrictamente voluntario conforme al derecho bielorruso. Si su contrato incorpora una cláusula de mediación como condición previa, se trata de una obligación contractual vinculante pactada entre las partes, y no impuesta por la ley.
Una cláusula bien redactada que identifique una institución específica y un plazo preclusivo otorga cierta ventaja procesal: un tribunal arbitral puede declarar que la parte renuente incumplió el trámite previo. Sin embargo, no es posible obligar físicamente a nadie a comparecer en una mediación, y un proceso desarrollado contra la voluntad de una de las partes difícilmente arrojará un resultado positivo. En la práctica, la función real de la cláusula ante una contraparte obstructiva es imponer un período de espera determinado tras el cual queda expedita la vía arbitral: una vez vencido el plazo, se avanza al arbitraje.
Depende de las circunstancias procesales. Si ya existía un litigio judicial en trámite, se somete el acuerdo a homologación judicial como transacción: la resolución resultante puede ser ejecutada por los funcionarios de ejecución. Si no existía procedimiento previo, la intervención notarial es la vía más directa tratándose de obligaciones pecuniarias. En defecto de ambas, el incumplimiento del acuerdo de mediación se trata como un incumplimiento contractual, lo que obliga a acudir de nuevo a la vía judicial o arbitral para reclamar dicho incumplimiento.
Sí. A diferencia de los procedimientos judiciales (que deben sustanciarse exclusivamente en ruso o bielorruso), la mediación no exige legalmente un idioma específico: las partes y el mediador acuerdan libremente la lengua de trabajo. De hecho, en Minsk se celebran habitualmente mediaciones en lengua inglesa para operaciones transfronterizas.
No: el plazo de prescripción queda suspendido desde el momento en que se inicia formalmente el procedimiento de mediación. Se trata de un acierto fundamental del sistema bielorruso, pues elimina el riesgo de que una de las partes utilice la mediación de manera dilatoria para forzar la prescripción de la acción.
Sí. La ley no exige la comparecencia física. La mediación a distancia se ha vuelto cada vez más habitual, especialmente cuando alguna de las partes reside fuera de Bielorrusia.
Por ahora no. Bielorrusia no ha suscrito la Convención de Singapur. Dicho tratado, junto con la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional, establece un mecanismo simplificado para la ejecución transfronteriza de acuerdos de mediación mercantil. A falta de este instrumento, un acuerdo de mediación suscrito en Bielorrusia no pasa de ser un contrato ordinario ante los tribunales extranjeros. Si la ejecutabilidad internacional resulta prioritaria para su operación, la fase arbitral prevista tras la mediación es la que asume el auténtico blindaje jurídico.
La gran mayoría de los contratos mercantiles entre contrapartes extranjeras y empresas bielorrusas debería incorporar una cláusula escalonada de resolución de controversias: la mediación como primera fase para aquellos supuestos en los que constituye la mejor herramienta, y el arbitraje como garantía de cierre para todo lo demás. Ninguna de las dos vías basta por sí sola.
Redactar esta cláusula resulta muy asequible: apenas unos párrafos que no suponen coste alguno en el momento de la firma. Su verdadero valor se hace patente meses o años después, cuando un envío sufre incidencias, se retiene un pago o surgen discrepancias entre los socios: en lugar de improvisar dónde se dirimirá el litigio, ambas partes conocen de antemano el itinerario: negociar, mediar, arbitrar. Cada fase cuenta con un plazo prefijado, cada una se rige por normas claras y el último paso genera una resolución susceptible de ejecución internacional. Nuestro equipo asiste a clientes extranjeros en las tres etapas: redacción de la cláusula antes de la firma, mediación al surgir el conflicto y representación legal ante la IAC de la BelCCI o ante los Tribunales Económicos de Bielorrusia cuando se hace imprescindible una resolución vinculante. Si está preparando un contrato, afronta una controversia en curso o desea incorporar un mecanismo de resolución de disputas a un acuerdo que carece de él, póngase en contacto con nosotros: le asesoraremos sobre la vía idónea y la formulación contractual más conveniente.
Un litigio con una contraparte bielorrusa. Su contrato le ofrece una vía clara para acudir al arbitraje: la IAC de la BelCCI, de tres a seis meses, plena rigurosidad procesal y un laudo arbitral ejecutable en más de 170 países en virtud de la Convención de Nueva York. Tentador. Y, a veces, una decisión equivocada. […]
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